Colombia vive una coyuntura que exige altura, rigor y transparencia: la conformación de la terna para la Corte Constitucional que reemplazará al magistrado José Fernando Reyes. En ese escenario, el nombre de Carlos Camargo Assis se ha mencionado con fuerza. Y no por cálculo político, sino por su trayectoria demostrable, su formación jurídica y su experiencia en el ejercicio institucional del poder público.
Camargo ejerció como Defensor del Pueblo entre 2020 y 2024, un periodo atravesado por transformaciones sociales profundas, pandemia, estallidos sociales, cambio de gobierno y tensiones entre poderes. Desde allí, desplegó una gestión orientada a la garantía de derechos humanos en el territorio, a la defensa activa de los más vulnerables, y a la visibilización de problemáticas estructurales que requieren respuesta del Estado.
Durante su mandato se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional del sistema de salud, decisión que no fue solo jurídica sino profundamente social, tras documentar fallas sistemáticas en el acceso a servicios básicos de millones de colombianos. Se activaron mecanismos de protección oportuna con enfoque diferencial en zonas de conflicto, se emitieron más de cien alertas tempranas por riesgo de vulneraciones de derechos y se fortaleció el acompañamiento a procesos de participación política, como el reconocimiento de la personería jurídica de la Unión Patriótica.
La Defensoría también jugó un papel clave como mediadora en la protesta social, garantizando la observación institucional de la actuación de la Fuerza Pública y promoviendo canales de diálogo. En el plano educativo, se puso en marcha una estrategia nacional de pedagogía constitucional para acercar a comunidades marginadas al conocimiento de sus derechos.
Lo destacable de esta gestión no es solamente su alcance técnico o territorial, sino el hecho de haber sido conducida bajo dos gobiernos de orientaciones políticas distintas: el de Iván Duque y el de Gustavo Petro. En ambos contextos, se mantuvo un criterio institucional, ajeno a agendas partidistas y enfocado en los principios constitucionales que rigen la Defensoría del Pueblo.
Hoy, cuando su nombre figura entre quienes podrían integrar la terna para la Corte Constitucional, es fundamental regresar al centro del debate: los hechos. No las interpretaciones, ni los rumores, ni los vaticinios interesados. La Corte Suprema de Justicia, a través del comunicado oficial 72-2025, ha cerrado cualquier discusión en torno a impedimentos o inhabilidades, despejando así el camino para evaluar candidaturas sobre la base de sus méritos y ejecutorias.
Ha ocupado cargos de alta responsabilidad pública, desde lo electoral hasta lo constitucional. Su recorrido en la Federación Nacional de Departamentos, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría lo convierten en un perfil con visión nacional, conocimiento jurídico sólido y comprensión directa de las tensiones del Estado en los territorios. Esa experiencia, lejos de ser un privilegio, representa una fortaleza invaluable en momentos donde las decisiones de la Corte Constitucional impactan la vida diaria de millones de personas.
El país necesita magistrados que no solo dominen el lenguaje jurídico, sino que conozcan de cerca la realidad que ese lenguaje transforma. La experiencia institucional, el equilibrio en el criterio y el compromiso demostrado con la defensa de derechos constituyen razones suficientes para considerar con seriedad su candidatura. No por afinidades. No por conjeturas. Por lo que ha hecho, por lo que representa y por lo que puede aportar.
La Corte no puede ser ocupada por adivinaciones ni cálculos. La Corte requiere hechos. Y la trayectoria está escrita, con cifras, con presencia en territorio y con decisiones que ya han contribuido a modelar el país que hoy habitamos.
Al igual que otros candidatos destacables de esa convocatoria —sobre los cuales hablaré en próximas oportunidades—, representa una candidatura seria. Son varios los aspirantes que tienen las calidades y la experiencia para ocupar esa magistratura. Lo justo es que el debate se dé sobre la base del mérito, no sobre el ruido.
