Un explosivo informe de 35 páginas elaborado por la firma estadounidense Culper Research ha vuelto a colocar bajo la lupa a dos de los grupos empresariales más poderosos del Caribe colombiano: el clan Char, dueño del banco Serfinanza y otras empresas como los supermercados Olímpica y el club Junior de Barranquilla, y la familia Daes, propietaria de la multinacional Tecnoglass. Según el documento, ambos clanes mantendrían presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, una acusación que ya había surgido en años anteriores y que hoy reactiva preocupaciones sobre la opacidad financiera y las redes de poder en la región.
Red de conexiones empresariales bajo sospecha
El informe, publicado por la revista Cambio, destaca una intrincada red de relaciones entre directivos de Tecnoglass y Serfinanza. Uno de los casos más emblemáticos es el de Julio Andrés Torres, quien simultáneamente ocupa un puesto en la junta directiva de Tecnoglass y funge como director ejecutivo del banco de los Char. Además, figuran nombres como Luis Fernando Castro, Carlos Cure y Patricia Abuchaibe, cuyos roles en ambas organizaciones sugieren una interrelación que, según el reporte, podría facilitar operaciones opacas.
Entre los señalados también están Faisal Cure, vinculado a múltiples procesos políticos, y Julio Gerlein, absuelto en 2022 por su participación en el escándalo de compra de votos de Aída Merlano pese a haber donado 1.500 millones de pesos a su campaña. Los hermanos Cristian y José Daes, accionistas mayoritarios de Tecnoglass, son identificados como supercontratistas en todas las campañas electorales y administraciones municipales de los Char en Barranquilla, lo que refuerza la hipótesis de una alianza estratégica entre ambos clanes.
Operaciones financieras cuestionadas
El informe centra su crítica en la adquisición de EM Metals por parte de Tecnoglass en 2022, una transacción realizada sin revelar el monto ni la identidad de los vendedores. Según Culper Research, las empresas involucradas en el negocio operaban como cascarones vacíos: carecían de activos significativos y fueron disueltas semanas después del cierre del acuerdo. Además, el análisis detectó un desfase alarmante entre la cartera de pedidos declarada por Tecnoglass y sus ingresos reales, lo que genera dudas sobre la transparencia contable de la compañía, cotizada en la bolsa de Nueva York.
Negaciones y antecedentes polémicos
Tanto Tecnoglass como Serfinanza han rechazado categóricamente las acusaciones. En un comunicado, la vidriera calificó el informe de “falso, engañoso e infundado”, recordando que un comité especial de su Consejo de Administración ya investigó denuncias similares en 2021 —impulsadas por la firma Hindenburg Research— y no halló irregularidades. Por su parte, Serfinanza aseguró que el documento forma parte de “una campaña sistemática de desprestigio”, aludiendo a una investigación previa de 2023 del portal mexicano Eje Central, basada en supuestos documentos de inteligencia filtrados (Guacamaya Leaks).
En este punto, Serfinanza destacó que en 2024 un tribunal mexicano declaró falsos los documentos citados por Eje Central, y que en Colombia la Superintendencia Financiera y la Fiscalía han emitido informes “descartando cualquier vínculo del banco con lavado de activos”. No obstante, el informe de Culper Research, elaborado con fuentes distintas, vuelve a poner en duda estas garantías.
Antecedentes: De los Guacamaya Leaks a la presión internacional
Este no es el primer capítulo de una historia que se remonta a 2023, cuando archivos desclasificados de México sugirieron que el Cartel de Sinaloa habría financiado parte de la campaña presidencial de Álex Char, hoy alcalde de Barranquilla en su tercer mandato. Según esos documentos, el operador clave habría sido Héctor Amaris Rodríguez —alias “Oso Yogui”—, señalado por Aída Merlano como arquitecto de su red de compra de votos y vinculado a transacciones sospechosas once días antes de las elecciones presidenciales de 2022.
La filtración generó incluso especulaciones sobre una conversación entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador durante la Cumbre Migratoria de octubre de 2023. Tras la difusión del nuevo informe, Petro cuestionó en redes sociales: “¿No deberían las autoridades investigar estos señalamientos?”, una llamada que, hasta ahora, no ha tenido respuesta oficial de la Fiscalía General.
Silencio político y desafíos para la justicia
Mientras Tecnoglass y Serfinanza insisten en su inocencia, el clan Char ha guardado un silencio inusual. Ni Álex Char, ni su hermano Arturo —excongresista condenado en el caso Merlano—, ni otros miembros de la familia han emitido declaraciones públicas ante las nuevas acusaciones. Este contraste con su respuesta en 2023, cuando anunciaron “acciones legales” contra Eje Central, ha generado especulaciones sobre la gravedad de las pruebas presentadas por Culper Research.
Analistas consultados por este medio señalan que el informe, aunque no constituye evidencia judicial, refuerza la necesidad de una investigación independiente. “Las coincidencias en múltiples fuentes —desde firmas de short sellers hasta filtraciones de inteligencia— no pueden ignorarse. Colombia debe demostrar que sus instituciones son capaces de escrutar a los grupos de poder sin impunidad”, afirmó un experto en lavado de activos bajo condición de anonimato.
¿Hacia una nueva era de transparencia?
El caso pone a prueba la voluntad política para abordar redes de corrupción estructural en el Caribe colombiano, región históricamente marcada por la influencia de dinastías empresariales y políticas. Con Tecnoglass operando en 50 países y Serfinanza controlando sectores clave de la economía local, las implicaciones trascienden lo regional. Mientras tanto, la pregunta del presidente Petro resuena: ¿Hasta cuándo las sombras del pasado seguirán sin aclararse?
