Jaime Enrique Gómez Zapata, exsubdirector de la Agencia de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (DAGRD), presentó su renuncia el 4 de agosto de 2025, diez días después de que la Procuraduría General de la Nación confirmara una inhabilitación de cinco años para el ejercicio de cargos públicos en su contra. La sanción se debe a irregularidades fiscales por un monto superior a los 596.165.955 pesos durante su gestión al frente de la entidad de gestión del riesgo de desastres de Antioquia (DAGRAN) en 2020.
El caso fue denunciado por el concejal de Medellín José Luis Marín, del Pacto Histórico, quien cuestionó por qué un alto funcionario de la administración del alcalde Federico Gutiérrez permaneció en su cargo a pesar de contar con una sanción confirmada.
Origen de la sanción
El caso se remonta a 2020, durante la pandemia de COVID-19. Como entonces director de la DAGRAN bajo la gobernación de Aníbal Gaviria, Jaime Enrique Gómez Zapata supervisó un contrato con la Fundación SACIAR para la entrega de kits alimentarios a poblaciones vulnerables.
Una investigación de la Contraloría reveló un perjuicio fiscal significativo para el Estado, valorado en 596.165.955 pesos, debido a facturaciones excesivas y pagos injustificados en dicho contrato. La sentencia, confirmada en segunda instancia el 18 de julio de 2025, responsabilizó a Gómez Zapata bajo la figura de “culpa grave”. Los investigadores argumentaron que su rol como director implicaba un deber de control y supervisión sobre los recursos públicos, el cual no ejerció adecuadamente.
Según el certificado de la Procuraduría General de la Nación, la inhabilitación impide a Gómez Zapata contratar con el Estado o ocupar cargos públicos durante un periodo de cinco años, vigente desde el 25 de julio de 2025 hasta el 24 de julio de 2030.
Una cronología controvertida
A pesar de que la sanción fue confirmada y entró en vigencia el 25 de julio de 2025, Gómez Zapata continuó trabajando como subdirector de la DAGRD. No fue sino hasta el 4 de agosto de 2025 cuando su renuncia “voluntaria” fue oficialmente recibida y aceptada por la Secretaría de Gestión Humana de Medellín, según consta en la Resolución 202550060251.
«Evidentemente, esto no es una renuncia; es una inhabilitación», afirmó el concejal Marín en un pronunciamiento público. Planteó preguntas críticas a la administración de Gutiérrez: «¿Por qué el alcalde de Medellín contrató a una persona con esta investigación para un cargo alto y de responsabilidad? ¿Por qué, estando inhabilitado, continuó trabajando en la Alcaldía de Medellín hasta que “voluntariamente” presentó su renuncia?».
Llamado a nuevas investigaciones
El concejal Marín ha solicitado formalmente a la Contraloría de Medellín realizar una auditoría especial a todos los contratos gestionados por Gómez Zapata durante su tiempo en la DAGRD. Destacó la relevancia de los recursos públicos involucrados, señalando que la entidad cuenta con un presupuesto aproximado de 49.000 millones de pesos para 2025.
El concejal también instó a todos los entes de control, incluyendo la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, a realizar una revisión exhaustiva de los contratos de la entidad para prevenir posibles desvíos de recursos públicos. Hasta el momento, la Alcaldía no ha emitido un comunicado oficial respecto a la polémica en torno a su exfuncionario.
