El Juzgado Tercero Penal de Rionegro negó este lunes 13 de agosto una acción de habeas corpus presentada por el abogado Fredy Alberto Lara Borja, quien buscaba revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión se fundamentó en la “carencia de base legal” del recurso, según informó el despacho judicial.
Uribe, condenado a 12 años de prisión por la Juez 44 Penal de Bogotá, Sandra Heredia, cumple su sentencia bajo el régimen de casa por cárcel en su finca de Rionegro desde el pasado viernes. El juez ya había notificado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la emisión de la boleta de encarcelamiento, aunque el exmandatario firmó un acta de compromiso que le permitió acceder a la modalidad domiciliaria.
Intentos fallidos por la libertad
Esta no es la primera vez que la defensa de Uribe intenta revertir la medida. Hace una semana, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó otra solicitud de suspensión provisional de la detención, al considerar que no existían argumentos de “urgencia” o “perjuicio irremediable” que justificaran la intervención anticipada. La Sala Penal destacó que la tutela presentada por la defensa aún está en etapa inicial y que no hay pruebas de arbitrariedad en la decisión del juzgado.
En un video publicado en su cuenta de X, Uribe confirmó que compareció ante las autoridades de Rionegro para formalizar su encarcelamiento domiciliario. “Estoy cumpliendo la condena desde el viernes, como lo establece la ley”, afirmó.
¿Qué es el habeas corpus?
Este mecanismo constitucional, regulado por la Ley 1095 de 2006, permite solicitar la revisión inmediata de una detención ante un juez para verificar su legalidad. Sin embargo, en este caso, el juez determinó que no hubo violación a los derechos fundamentales del expresidente, ya que su reclusión domiciliaria cumple con los requisitos legales.
Mientras tanto, Uribe permanecerá en su residencia mientras la justicia avanza en el análisis de recursos pendientes. Su caso, sin precedentes en Colombia por tratarse del primer expresidente condenado, sigue generando debate sobre los límites entre el debido proceso y las garantías penales.
