Tras 67 días de intensas audiencias, la jueza 44 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, Sandra Heredia, anunciará el sentido del fallo en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez el próximo 28 de julio. Uribe está siendo juzgado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en un caso que ha polarizado al país y puesto a prueba la independencia del sistema judicial.
Un juicio sin precedentes y posturas encontradas
Este proceso es de una trascendencia histórica innegable, ya que por primera vez un expresidente de Colombia enfrenta un juicio penal por delitos presuntamente cometidos durante o después de su mandato. La decisión de la jueza Heredia no solo definirá el futuro judicial de uno de los políticos más influyentes del país, sino que también sentará un precedente sobre la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia, incluso frente a figuras de alto poder.
Las posturas de las partes involucradas han sido diametralmente opuestas. La Fiscalía General de la Nación ha solicitado una condena para el expresidente, argumentando que existen pruebas “contundentes” de que Uribe incurrió en manipulación de testigos a través de su exabogado Diego Cadena. Según la Fiscalía, los contactos con exparamilitares como Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve no fueron accidentales, sino parte de una estrategia coordinada para fabricar una narrativa favorable al expresidente. “La evidencia es suficiente para establecer que el expresidente participó de forma consciente y voluntaria en los hechos que se le imputan”, concluyó el ente acusador. La representación de las víctimas, incluido el senador Iván Cepeda, ha respaldado esta solicitud de condena, enfatizando la importancia de evitar la impunidad en un caso que consideran una forma de corrupción política ejercida desde las más altas esferas del poder.
En contraste, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado la absolución de Uribe, al considerar que no hay pruebas suficientes que acrediten que el expresidente conocía o autorizó los ofrecimientos de su abogado a testigos. Esta postura ha generado fuertes cuestionamientos por parte de sectores que la interpretan como un respaldo institucional a Uribe.
Los argumentos de la defensa de Uribe
Álvaro Uribe ha defendido su inocencia de manera vehemente, atacando las pruebas de la Fiscalía y retomando su tesis de “entrampamiento”. Durante sus intervenciones en las audiencias, el expresidente negó haber tenido conocimiento de los ofrecimientos hechos por Diego Cadena a exparamilitares para cambiar sus declaraciones a su favor. Uribe ha sostenido que las reuniones entre Cadena y Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota fueron de “revisión”, pues tenían conocimiento de que Monsalve quería retractarse de sus señalamientos.
El expresidente ha insistido en que su intención era “verificar la información” que le llegaba y ha lamentado el “desgaste personal y familiar” que le ha supuesto el proceso. También ha señalado que el senador Iván Cepeda, víctima acreditada en el proceso, y la abogada Mercedes Arroyave habrían ofrecido beneficios jurídicos y asilos a testigos a cambio de testimonios en su contra. Uribe ha solicitado a la jueza que lo absuelva, alegando la ausencia de pruebas que demuestren su participación en los hechos imputados.
Testimonios clave y las contradicciones
El juicio ha girado en torno a testimonios clave. Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, exparamilitar, declaró que Diego Cadena le ofreció 200 millones de pesos y asesoría gratuita a cambio de torcer su testimonio, lo cual él aceptó inicialmente. Sin embargo, ante el incumplimiento de los pagos, Vélez decidió revelar los presuntos ofrecimientos.
De manera similar, Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella del caso, aseguró que Cadena le propuso asesoría gratuita y una acción de revisión de su condena por secuestro extorsivo, además de prometerle su incorporación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Cadena buscaba que Monsalve enviara una carta a la Corte Suprema de Justicia retractándose de vincular a Uribe con grupos paramilitares. Monsalve así lo hizo, pero adjuntó una nota aclarando que la carta fue escrita bajo presión.
No obstante, la trama se complica con otros testigos que, bajo juramento, han asegurado que quienes ofrecieron prebendas a cambio de hablar en contra del expresidente fueron otras personas, como el senador Iván Cepeda y la fallecida senadora Piedad Córdoba. Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, exnarcotraficante, testificó haber recibido ofrecimientos de asilo por parte de los legisladores a cambio de declarar contra Uribe.
La jueza Sandra Heredia tendrá la responsabilidad de evaluar estos y casi 90 testimonios más en los próximos días para emitir su veredicto de primera instancia. La fecha límite para la prescripción del proceso es el 16 de octubre de este año, lo que añade presión al inminente fallo.
El 28 de julio, Colombia estará a la expectativa de la decisión judicial que definirá el futuro de Álvaro Uribe Vélez y marcará un precedente crucial para el sistema de justicia del país.
