La promulgación de la Ley 2500 de 2025 por parte del presidente de la República ha dado luz verde a uno de los proyectos más ambiciosos para La Guajira en décadas: la reactivación de las Salinas Marítimas de Manaure (SAMA LTDA). Esta iniciativa, fruto de una alianza entre el gobierno del cambio, liderado por el exministro Germán Umaña, la bancada del Pacto Histórico y comunidades indígenas, busca transformar la industria salinera en un motor de desarrollo regional con impacto social directo.
Un triunfo colectivo
La norma, gestada desde las bases sociales de La Guajira y refinada en el Congreso, cristaliza un modelo de empresa mixta que equilibra propiedad estatal (50.1%) y participación de actores locales (49.9%), entre ellos el municipio de Manaure y asociaciones indígenas wayuu. “Este no es un triunfo político, sino un compromiso histórico con quienes han sido invisibilizados”, afirmó la senadora Aída Avella, clave en la concertación de la ley.
Ejes estratégicos
La ley se sustenta en tres pilares:
- Rescate financiero: Con una inyección de 61 mil millones de pesos, SAMA LTDA saldará deudas históricas y modernizará su infraestructura tecnológica para competir en mercados internacionales.
- Participación comunitaria: Las comunidades ancestrales tendrán voz en la toma de decisiones, asegurando que los beneficios lleguen a quienes han sido guardianes del territorio.
- Sostenibilidad económica: La estructura accionaria garantiza autonomía operativa sin perder el arraigo local, evitando la privatización desmedida que caracterizó el pasado de la empresa.
Impacto social inmediato
La reactivación generará miles de empleos formales en producción, logística y comercialización, beneficiando directamente a familias wayuu y no wayuu que dependen de la salinera. Además, se dinamizarán cadenas productivas locales, desde transporte hasta servicios, inyectando vitalidad a una economía regional golpeada por la pobreza y la falta de oportunidades.
Salvaguardas para el futuro
La ley incluye mecanismos anticorrupción sin precedentes:
- Prohibición de enajenar acciones estatales por 20 años, una demanda clave de las comunidades para evitar la fuga de recursos.
- Selección por méritos del gerente y auditorías periódicas, promovidas por Avella, para blindar la gestión de intereses políticos o privados.
Para La Guajira, este es el inicio de un camino hacia la soberanía productiva, donde los recursos naturales, por primera vez, priorizan a quienes los han cuidado por generaciones.
