Por: Alejandro Paredes
Por primera vez en la historia reciente de Colombia, un expresidente fue hallado penalmente responsable de haber intervenido en la manipulación de testigos. No fue una declaración mediática, ni una conclusión apresurada en la plaza pública. Fue la voz de una jueza, en audiencia pública y bajo el amparo del Estado de Derecho, la que pronunció lo que para muchos era impensable: Álvaro Uribe Vélez sí conocía el plan para torcer la verdad judicial.
El país entero, polarizado entre quienes lo veneran como un héroe y quienes lo ven como símbolo de impunidad, contuvo la respiración. En la transmisión en vivo, las cámaras enfocaban el rostro de la jueza Sandra Heredia, sobria, firme, serena, mientras leía uno de los fallos más históricos de la era democrática colombiana. Lo hacía entre las banderas amarilla, azul y roja, con la toga de la justicia bien puesta.
“Quedó en evidencia que el señor Álvaro Uribe Vélez tenía pleno conocimiento del plan estructurado para buscar y manipular testigos con el fin de desacreditar al senador Iván Cepeda”, pronunció con claridad la togada. Los audios de ‘Caliche’, un exparamilitar convertido en testigo clave, sellaron esa convicción judicial.
La historia había comenzado años atrás, como un duelo político entre dos senadores: Uribe, el expresidente, y Cepeda, el opositor que desde hacía tiempo denunciaba presuntos vínculos del uribismo con estructuras paramilitares. Lo que empezó como una denuncia de Uribe contra Cepeda, por supuesta manipulación de testigos, terminó devolviéndose como un búmeran procesal.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia no solo archivó la denuncia contra Cepeda, sino que abrió investigación contra Uribe. La transición del proceso hacia la Fiscalía, tras su renuncia al Senado, prolongó el caso por años. Pero finalmente, el 24 de mayo de 2024, la Fiscalía radicó el escrito de acusación. Y tras la audiencia, llegó el momento decisivo: la imputación formal por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La jueza Sandra Heredia no dudó. Ni los mensajes enviados, ni las visitas a las cárceles de intermediarios como el abogado Diego Cadena, ni los ofrecimientos de beneficios carcelarios a testigos, pasaron desapercibidos. Para el estrado, era evidente: hubo un plan sistemático para desviar el curso de la justicia, y Uribe lo conocía.
“En el material probatorio se encuentra una participación activa, directa y consciente del acusado. Él sabía que se estaban buscando testimonios falsos, y no solo no lo detuvo, sino que los alentó”, dijo Heredia. Las redes sociales estallaron. Las tendencias se dividieron: #JusticiaParaColombia y #UribeEsInocente se enfrentaban como bandos de una guerra digital que reflejaba la fractura nacional.
Ese día, el Palacio de Justicia no solo juzgó a un hombre. Juzgó también la historia de un país acostumbrado a ver cómo los poderosos escapan, cómo los delitos de cuello blanco se diluyen en formalismos. Pero esta vez, la justicia se mantuvo en pie. La sala estaba llena de periodistas, abogados, activistas, pero también de silencio. Un silencio que no era miedo: era la espera de lo inevitable. El proceso continúa. Vendrán apelaciones, quizás nuevas etapas judiciales. Pero la verdad judicial ya ha comenzado a escribirse. Y su primer
