Un escándalo de proporciones ha sacudido el panorama político colombiano tras revelarse que la multinacional Keralty S.A.S., controladora de una de las EPS más grandes del país, realizó millonarias donaciones a varios partidos de oposición antes de las elecciones legislativas de 2022. La controversia se agrava al considerar que la ley colombiana prohíbe explícitamente la financiación extranjera a partidos políticos, lo que pone en entredicho la legalidad de estos aportes y levanta serios interrogantes sobre la independencia de la política nacional frente a intereses privados.
Las “donaciones”, que según la compañía ascendieron a $145.000.000, han puesto bajo el foco la relación entre las EPS y el sistema político, especialmente en un momento de alta tensión entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el sector de la salud. La revelación de estos aportes surge en medio de un debate álgido sobre las deudas de las EPS con la red hospitalaria del país, que, según un informe de la Contraloría General de la Nación, superan los 32.9 billones de pesos. El presidente Petro ha sido enfático en señalar que, a pesar de los pagos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) por parte del gobierno, las EPS no se han puesto al día con sus obligaciones.
Los Beneficiados de Keralty
De acuerdo con la información divulgada, siete partidos políticos fueron los receptores de estos recursos:
- Centro Democrático: $40.000.000
- Cambio Radical: $40.000.000
- Partido Alianza Verde: $25.000.000
- Partido de la U: $15.000.000
- Partido Liberal: $10.000.000
- Alianza Social Independiente (ASI): $10.000.000
- Colombia Justa Libres: $5.000.000
La naturaleza de estas “donaciones” ha generado suspicacia, especialmente ante la postura de estos mismos partidos de oposición frente a la propuesta de reforma a la salud impulsada por el actual gobierno. Críticos sugieren que estos aportes podrían explicar la férrea oposición de estas colectividades a las medidas que buscan regular el sector de la salud y el sistema de las EPS.
El presidente Gustavo Petro ha arremetido duramente contra el presidente del grupo Keralty, Joseba Grajales, calificándolo de “criminal” y cuestionando abiertamente la legalidad de las donaciones, sugiriendo que provienen de una empresa extranjera. Este señalamiento es crucial, pues la legislación colombiana es clara al respecto: el Artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, establece que “se prohíbe a los partidos y movimientos políticos, a grupos significativos de ciudadanos y a campañas, recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras.”
La polémica está servida. Mientras Keralty insiste en la legalidad de sus acciones, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE) podrían abrir investigaciones para determinar si estas “donaciones” constituyen una violación a la normativa sobre financiación política. La ciudadanía, por su parte, espera respuestas claras sobre la injerencia de intereses económicos extranjeros en la política nacional y el futuro del sistema de salud en Colombia. La tensión entre el gobierno y Keralty, ya elevada, promete escalar a nuevos niveles en los próximos días.
