La absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá en el caso de soborno en actuación penal y fraude procesal ha encendido una nueva y contundente fase en este histórico litigio. La contraparte judicial, liderada por el senador Iván Cepeda Castro, rechazó la decisión de segunda instancia y anunció de inmediato el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tachando el fallo como una “negación de derechos” a las víctimas.
El Tribunal Superior, al revocar la condena inicial de 12 años, argumentó la insuficiencia de pruebas para demostrar la participación del exmandatario. Sin embargo, para las víctimas—el senador Cepeda y Deyanira Castro—, esta decisión “tergiversó la valoración probatoria” e “ignoró pruebas sustanciales” que apuntaban directamente a la responsabilidad de Uribe.
Cepeda: “La conducta era típica y dolosa”
El senador Cepeda fue enfático al señalar que, aunque respetan la decisión, no la comparten, pues consideran que la mayoría de la Sala Penal del Tribunal Superior omitió hechos jurídicamente relevantes.
Puntos clave del desacuerdo de las víctimas:
- Exclusión Controversial de Interceptaciones: Un eje central de la crítica fue la exclusión de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado, Diego Cadena. Las víctimas sostienen que estas grabaciones eran prueba válida y su supresión carecía de sustento.
- Omisión de la Responsabilidad de Cadena: Se criticó que la decisión de la Sala Penal ignorara la responsabilidad de Diego Cadena, quien fue condenado en un proceso conexo. Cepeda denunció que se ignoró la relación entre Uribe y quienes actuaron como intermediarios para la manipulación de testigos.
- Voto Disidente como Fundamento: Cepeda resaltó el voto disidente “riguroso” de la magistrada María Leonor Oviedo Pinto, cuyos argumentos doctrinales, a su juicio, “echan por tierra” la postura mayoritaria, al sostener que las pruebas (incluidas las interceptaciones) sí demostraban el delito.
- Calificación del Delito: Las víctimas insistieron en que el Tribunal “desconoció elementos materiales probatorios” que demostraban el delito, subrayando que: “La conducta de Álvaro Uribe Vélez era típica y dolosa.”
La Casación y el horizonte Interamericano
El equipo jurídico de las víctimas ha formalizado la casación, un recurso extraordinario que busca que la CSJ revise posibles errores de derecho o violaciones al debido proceso. Las víctimas ven este paso no como una derrota, sino como un “nuevo paso en la búsqueda de justicia”.
Ante la posibilidad de que la Corte Suprema mantenga la absolución, Cepeda advirtió que no descartan acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), argumentando que la absolución constituiría una “negación de derechos” para las víctimas a obtener verdad y justicia.
Iván Cepeda concluyó que el litigio no ha terminado, rechazando cualquier “ilusión” de la defensa de Uribe sobre el fin del proceso, y reiteró su compromiso de “continuar el camino de búsqueda de la justicia y de la verdad”. La última palabra en el ámbito nacional la tendrá ahora la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria: la Corte Suprema de Justicia.
