El Ministerio de Agricultura ha decidido tomar medidas contundentes frente a las denuncias sobre una posible desviación de recursos públicos destinados al campo. La jefe de la cartera, Martha Carvajalino, anunció que notificará formalmente a las autoridades competentes para que investiguen las presuntas maniobras mediante las cuales Juan José Lafaurie Cabal habría accedido a incentivos financieros diseñados exclusivamente para pequeños y medianos productores.
Esta determinación surge tras la publicación de la columna “Agro ingreso Cabal” del periodista Daniel Coronell, la cual expuso detalles de una operación crediticia que ha encendido las alarmas sobre la focalización y el control de los subsidios estatales.
El origen de la controversia
El escándalo estalló el pasado 14 de diciembre de 2025, cuando se revelaron documentos que sugieren que Lafaurie Cabal tramitó un crédito de fomento por 400 millones de pesos. Según la denuncia periodística de Daniel coronell, la operación habría contado con dos beneficios clave del Estado:
- Una garantía del 80% respaldada por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).
- Un beneficio del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), utilizado para abonar parte del saldo de la deuda.
El punto crítico de la denuncia radica en que, para acceder a estos beneficios, el solicitante se habría acreditado como “pequeño productor”, una categoría protegida que busca apoyar a campesinos con capacidad limitada de inversión.
“Un fraude contra el Estado y los campesinos”
En su pronunciamiento, la ministra Carvajalino fue enfática al señalar que simular condiciones para obtener estos recursos no es una simple falta administrativa, sino un acto que atenta contra el erario y la equidad social.
“Simular condiciones o falsear información para acceder a estos recursos constituye un fraude contra el Estado y contra los campesinos que sí cumplen las reglas”, advirtió la funcionaria.
El Ministerio ha solicitado a Finagro un análisis profundo para determinar si los hechos denunciados son un caso aislado o si responden a una “práctica sistemática” de estructuración de proyectos diseñada para inducir al error al sistema financiero. La investigación no solo se centrará en el beneficiario, sino que abarcará toda la cadena de responsabilidad: banca de fomento, banca de primer nivel (en este caso, la operación fue gestionada por Serfinanza) y estructuradores de proyectos.
Un debate histórico sobre la concentración de recursos
Más allá del caso particular, el Gobierno Nacional ha enmarcado este episodio en una problemática estructural: la captura de rentas y subsidios agrarios por parte de grandes propietarios.
Carvajalino defendió la nueva política de financiamiento rural, amparada en las Resoluciones 5 y 6 de 2025 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA). Estas normativas buscan blindar los recursos para garantizar que lleguen efectivamente a la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC), cumpliendo con los mandatos constitucionales de seguridad alimentaria y protección al campesinado.
Lo que viene
Con la notificación a los entes de control, el caso pasa ahora al terreno judicial y disciplinario. Las autoridades deberán establecer si hubo dolo en la documentación presentada y si fallaron los filtros de control de las entidades financieras.
Este episodio pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar la trazabilidad de los recursos públicos y envía un mensaje claro: la priorización del crédito rural para cerrar las brechas de desigualdad en el campo no es negociable.
