El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado un paso trascendental en la agenda política nacional con la presentación de un proyecto de ley que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente social. La iniciativa, impulsada por el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, y fechada el 23 de octubre de 2025, se erige como la hoja de ruta para una “gran marcha” destinada a una transformación institucional total y profunda del país.
El anuncio, realizado por el ministro Montealegre desde Shanghái, China, no solo buscó destacar la urgencia de la propuesta, sino también enmarcarla en una perspectiva histórica y revolucionaria. Montealegre trazó un paralelo con la transformación de la República Popular China en el siglo XX y llamó a los colombianos a un “salto adelante en busca de la dignidad humana”.
El bloqueo institucional como motor del cambio
La justificación central del proyecto de ley radica en la necesidad de superar lo que el Gobierno denomina el “bloqueo institucional” que “impide el progreso” y evita el desarrollo de conquistas sociales.
Según la exposición de motivos del documento, algunas instituciones surgidas en la Constitución de 1991 se han vuelto obsoletas o están siendo utilizadas por “sectores profundamente retardatarios” para frenar el avance de reformas. El texto señala que la situación actual es similar a la de 1991, marcada por la criminalización de la protesta social, la violencia ligada al narcotráfico, la corrupción estatal y el asesinato de líderes políticos y firmantes del acuerdo de paz.
El proyecto subraya que la fuerza democratizante que por primera vez llegó al poder político colombiano ha sido obstaculizada institucionalmente de manera sistemática por el Congreso de la República, el cual parece haber renunciado a la democracia deliberativa.
La “sala de máquinas” de la Constitución
El argumento legal y político para convocar la Constituyente no es simplemente reformar la Carta Magna, sino sustituirla integralmente, lo cual, según la jurisprudencia citada, solo es posible a través de este mecanismo.
La propuesta adopta el análisis del constitucionalismo latinoamericano, argumentando que las reformas pasadas se concentraron en expandir los derechos, pero dejaron intacta la “parte orgánica” de la Constitución, o la “sala de máquinas” del poder. Esta estructura de poder, calificada como verticalista, elitista e hiperpresidencialista, “tiende a resistir” los nuevos reconocimientos de derechos, mutilando las libertades que se pretendían ampliar. La reforma, por tanto, exige la transformación de los mecanismos del poder.
Reformas estructurales prioritarias
La necesidad de la Constituyente se ilustra con ejemplos concretos de la omisión legislativa y la debilidad institucional que ha impedido materializar el Estado social de derecho:
- Derechos Sociales: La Constituyente buscaría la expedición del Estatuto del Trabajo, pendiente desde hace más de 30 años, y la reforma integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que no ha garantizado cobertura universal ni un servicio digno. Además, busca la efectividad del derecho a la vivienda digna y la protección de los trabajadores contratistas.
- Autonomía Indígena y Medio Ambiente: Se plantea la necesidad de una autonomía territorial indígena real y la inclusión de herramientas constitucionales para enfrentar el cambio climático y proteger el campesinado, clave para la seguridad y soberanía alimentarias.
- Lucha contra la Corrupción: Es indispensable el fortalecimiento de la lucha anticorrupción a través de una nueva perspectiva de los entes de control. El proyecto propone transformar la Contraloría General de la República en un ente investigativo, seguido por un Tribunal de Cuentas, y reorientar a los delegados penales de la Procuraduría General de la Nación hacia una perspectiva de justicia restaurativa.
Una Asamblea con rostro social y plural
El proyecto establece parámetros específicos para asegurar que la Constituyente sea un espacio de amplia inclusión social:
- Tipo de Convocatoria: Asamblea Nacional Constituyente social.
- Número de Delegatarios: 71 representantes.
- Paridad e Inclusión de Género: La asamblea estará integrada paritariamente por hombres y mujeres, y se garantiza un espacio para sectores que no se identifican bajo la clasificación binaria de género.
- Representación Social: Se proyecta la participación activa de sectores históricamente marginados, incluyendo campesinos, obreros, mujeres cabeza de familia, gitanos, jóvenes, víctimas del conflicto, personas negras e indígenas.
El ministro Montealegre enfatizó que la construcción de un nuevo país se logrará a través de la confrontación de argumentos y la deliberación, siguiendo el ejemplo de la democracia en la polis de Atenas. El texto se presenta al pueblo colombiano como un punto inicial para derrotar la “gobernanza paramilitar del pasado” y construir las bases de la transformación que el siglo XXI demanda.
