El Ministerio de Trabajo reveló hallazgos críticos en una inspección a Supertiendas Olímpica, tras constatar un patrón sistémico de tercerización laboral, jornadas excesivas y deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores. La investigación, realizada en 56 tiendas y 4 centros de distribución en todo el territorio nacional, confirma que solo el 10% del personal está vinculado directamente con la empresa, mientras que el 90% opera bajo esquemas de intermediación laboral que, según las autoridades, podrían ser ilegales.
Los resultados, presentados por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, surgieron tras más de 50 denuncias de empleados reportadas en 16 direcciones territoriales del ministerio. “Esta acción se origina en los reclamos de los trabajadores. Nuestro deber es garantizar que el aparato productivo se base en el trabajo digno y decente”, afirmó Sanguino, destacando que la reforma laboral reciente ha fortalecido las facultades de inspección para proteger los derechos laborales.
Tercerización masiva: ¿Una estrategia para evadir responsabilidades?
El dato más alarmante, según el informe, es la estructura de contratación de Olímpica. De los miles de empleados inspeccionados, apenas una décima parte tiene contrato directo con la empresa. El resto está vinculado a través de empresas intermediarias como Incopac, Inverosur, Géstica y Hungo, figuras que, en palabras de Muñoz, “enmascaran verdaderas relaciones laborales”.
“Nos sorprendió que el 90% del personal que parece Olímpica —con uniforme, horarios y funciones bajo su marca— no sea contratado directamente. Esto sugiere una intermediación ilegal para diluir la responsabilidad patronal”, advirtió la viceministra. La práctica, común en sectores como la construcción, es atípica en supermercados, donde las labores son permanentes. Además, se detectó el uso abusivo de contratos por obra o labor, modalidad que niega estabilidad y beneficios a los trabajadores.
Jornadas de 10 horas, sin descansos ni seguridad
Además de la precarización contractual, los inspectores hallaron:
- Jornadas de hasta 10 horas diarias sin registro de horas extras ni cumplimiento de la reducción legal de horarios.
- Falta de espacios adecuados para pausas activas y toma de alimentos, violando el derecho a 30 minutos de almuerzo.
- Deficiencias en seguridad laboral: señalización insuficiente, equipos inseguros, ausencia de brigadas de emergencia y puestos de trabajo no ergonómicos.
- Dotación incompleta de elementos de protección personal, exponiendo a los empleados a riesgos eléctricos y accidentes.
“Estos no son incidentes aislados, sino un patrón de negligencia inaceptable para la integridad física de los trabajadores”, subrayó Muñoz, quien añadió que la falta de capacitación en protocolos de emergencia agrava la situación.
Reacción del Ministerio y próximos pasos
Ante los hallazgos, la cartera laboral iniciará investigaciones administrativas para determinar sanciones y exigirá a Olímpica la implementación de planes de mejoramiento. “Las inspecciones darán lugar a acciones correctivas concertadas. No toleraremos que la productividad se sustente en la explotación”, insistió Sanguino.
El caso ha adquirido relevancia nacional como prueba de fuego para la reforma laboral vigente, que busca combatir la tercerización abusiva y fortalecer los mecanismos de control. Para los sindicatos, la situación refleja una estrategia corporativa para debilitar la organización gremial: al fragmentar la plantilla, Olímpica dificulta la negociación colectiva y deja a los empleados en manos de empresas intermediarias con menor capacidad financiera para responder por acreencias.
Con este caso, el Ministerio de Trabajo envía un mensaje contundente: en la era de la reforma laboral, la precarización sistemática tendrá consecuencias. Para el sector retail, el escrutinio apenas comienza.
