La senadora Esmeralda Hernández ha presentado una proposición formal para retirar la placa conmemorativa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, argumentando que su presencia constituye una “afrenta a las víctimas” y un homenaje inapropiado a una figura que, según sus palabras, es un “delincuente condenado.”
Un llamado a la memoria democrática
La senadora Hernández, en su solicitud, fue enfática al señalar que la “casa de la democracia” no debe exaltar a un exmandatario con un historial judicial. En su opinión, mantener la placa de Uribe, quien fue “condenado a 12 años por la justicia”, es una bofetada para las víctimas de los hechos ocurridos durante sus dos periodos de gobierno.
La legisladora también recordó una serie de escándalos que, a su juicio, empañan el legado de Uribe y justifican la remoción de la placa. Entre estos se encuentran los denominados “falsos positivos”, donde jóvenes inocentes fueron asesinados y presentados como bajas en combate, y las “chuzadas” o interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados y opositores. Además, hizo mención del escándalo de la “Yidispolítica”, que implicó la violación de la Constitución.
Legalidad en entredicho
El argumento de la senadora no se limita solo a cuestiones morales y éticas. Hernández también ha cuestionado la legalidad de la instalación de la placa, que se colocó en 2019 bajo la presidencia del Congreso de Ernesto Macías. La congresista asegura que la instalación fue un “capricho político” que se llevó a cabo sin el debido respaldo de un acto administrativo, una afirmación que ya había elevado previamente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
¿Qué sigue para la proposición?
Con la proposición presentada, ahora se abre un debate sobre si el Congreso, como una institución que debe velar por la memoria y la democracia, debe o no mantener la placa. La senadora Hernández hizo un llamado a sus colegas para que actúen con coherencia, señalando que, al igual que la justicia ya ha actuado “con independencia y rigor”, el Congreso debe dar el ejemplo y retirar el homenaje.
La decisión de si la placa permanecerá o será retirada podría reavivar profundas divisiones políticas en el país y poner a prueba el compromiso del legislativo con su propia historia y con las víctimas de los conflictos pasados.
