La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exrepresentante a la Cámara por el departamento de Vichada, Gustavo Londoño García, del Centro Democrático, a 66 meses y un día de prisión domiciliaria por el delito de corrupción de sufragante. La sentencia, que también incluye una inhabilitación de por vida para cargos públicos y una multa de 501 salarios mínimos legales vigentes en 2018, sanciona un plan electoral en el que se ofrecieron títulos falsos de bachillerato a cambio de votos en una de las regiones más marginadas del país.
El esquema fraudulento: Educación como moneda de cambio
Según el fallo judicial, Londoño García —quien ocupó su curul entre 2018 y 2022— diseñó junto al rector del instituto Petroschool una estrategia para atraer votos en Vichada, departamento con altos índices de pobreza y escaso acceso a la educación formal. La campaña, operada desde su sede electoral, distribuyó masivamente diplomas de bachillerato y certificados de capacitación sin validez académica, entregando únicamente módulos impresos sin seguimiento pedagógico, evaluaciones ni requisitos legales.
La Corte destacó que el excongresista “no solo consintió, sino que se benefició directamente” de este mecanismo, aprovechando la desesperación de comunidades vulnerables para convertir una necesidad social en “un instrumento de manipulación clientelista”. En su razonamiento, el alto tribunal subrayó que “el conocimiento fue sustituido por el cálculo electoral”, evidenciando cómo la promesa de educación se transformó en un arma para distorsionar la voluntad ciudadana.
Detalles de la condena y absolución parcial
Si bien Londoño García fue hallado culpable de corrupción de sufragante —al intercambiar beneficios ilusorios por apoyo electoral—, la Sala lo absolvió del delito de tráfico de votos, al no encontrar pruebas de coordinación directa con testaferros o estructuras organizadas. No obstante, el tribunal enfatizó que el caso representa “una grave afectación a la transparencia democrática”, al vulnerar el principio de que el voto debe ser “libre e informado”.
Entre las medidas impuestas destaca la sustitución de la prisión en cárcel por arresto domiciliario, decisión adoptada dada su condición de salud y tras negarle la suspensión condicional de la pena. La sentencia entrará en vigor una vez adquiera ejecutoria, es decir, cuando no queden recursos legales pendientes.
Un precedente en la lucha contra la corrupción electoral
Este caso refuerza la línea jurisprudencial de la Corte Suprema frente a prácticas clientelares que “disfrazan la corrupción bajo promesas sociales”. En los últimos años, Colombia ha registrado múltiples condenas por delitos similares, pero pocos han enfrentado sanciones tan contundentes como la de Londoño García, cuyo esquema explotó específicamente la brecha educativa en zonas rurales.
Contexto político: El Centro Democrático bajo la lupa
La condena llega en un momento crítico para el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, que ha visto cómo varios de sus representantes enfrentan investigaciones por irregularidades. Aunque Londoño García no es el primer político de su bancada en caer en prácticas ilícitas, su caso destaca por la frialdad con la que se instrumentalizó la pobreza educativa.
Mientras tanto, en Vichada, donde el 40% de la población carece de título de bachillerato, la noticia revive el debate sobre cómo garantizar canales legítimos de inclusión sin que se politice la desesperanza. Para la Corte, este fallo no solo castiga un delito, sino que busca “recuperar la dignidad del voto como pilar de la democracia”.
Lo que sigue
Con la sentencia firme, Londoño García deberá cumplir su pena en casa, perderá su derecho a ejercer cargos públicos hasta 2029 y pagará una multa cercana a los $1.800 millones de pesos (equivalente a 501 salarios mínimos de 2018). Mientras, el instituto Petroschool —cuyo rector actuó como cómplice— enfrenta investigaciones separadas por estafa procesal.
Este caso, lejos de ser un hecho aislado, refleja los desafíos estructurales que Colombia debe superar para erradicar una cultura política donde el fin electoral justifica cualquier medio.
