La Superintendencia del Subsidio Familiar se encuentra en el ojo del huracán. En un reciente comunicado, el Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia del Subsidio Familiar (SINTRASUBFA) ha hecho una contundente denuncia contra la gestión de la superintendente Sandra Viviana Cadena Martínez, señalando una administración marcada por la improvisación y el atropello. A esta denuncia sindical se suman serias revelaciones sobre los presuntos nexos políticos y personales de la funcionaria, que involucran a figuras del Partido Conservador y a personajes polémicos ligados al “carrusel de la contratación” de Bogotá.
La gestión de Cadena bajo la lupa
Desde su nombramiento, la llegada de Cadena Martínez al cargo ha generado controversia. La santandereana, con experiencia en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, ha sido cuestionada por su falta de alineación con el proyecto del actual gobierno. Sin embargo, más allá de su perfil político, la principal crítica proviene de los trabajadores de la entidad3. El sindicato SINTRASUBFA ha manifestado su “decepción” ante el incumplimiento de la promesa de una administración de “puertas abiertas”, asegurando que sus intentos de diálogo han sido recibidos con un rotundo “no”.
Las quejas laborales se intensifican al señalar una presunta violencia laboral institucionalizada. El comunicado sindical denuncia el maltrato y hostigamiento por parte de directivos y contratistas, con casos de funcionarios que sufren de estrés crónico y problemas de salud mental documentados como consecuencia directa de la presión laboral. Los trabajadores denuncian la sobrecarga de funciones y la imposición de órdenes arbitrarias, a tal punto que se les ha sugerido no usar sus incapacidades médicas.
En este clima de tensión, los empleados se quejan de la persistencia de contratistas que imparten órdenes a los funcionarios, una práctica que el sindicato considera una extralimitación de funciones, contraria a las directrices de la Función Pública. Además, se denuncia la inexistencia de un software de nómina, lo que ha generado “graves retrasos” en el pago de salarios.
Los presuntos tentáculos del “carrusel de la contratación”
El malestar sindical se entrelaza con una red de presuntos vínculos políticos. La superintendente Sandra Cadena es señalada por su estrecha cercanía con su pareja, el abogado Manuel Sánchez Castro, alias “Capito”, una figura que emergió en el infame “carrusel de la contratación” de Bogotá. Aunque no se ha conocido ninguna investigación judicial en su contra por este caso, Sánchez fue señalado por los exrepresentantes Germán Olano e Inocencio Meléndez como uno de los principales financiadores de la campaña del entonces alcalde Samuel Moreno en 2007.
Además, se afirma que Sánchez Castro ostenta ser “intocable” gracias a su supuesta amistad con el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y que su padrino de bodas fue el exfiscal del gobierno de Álvaro Uribe, Mario Iguarán.
Las denuncias indican que Manuel Sánchez, presuntamente, mantiene una “oficina paralela” a la Superintendencia del Subsidio Familiar. Esta oficina estaría ubicada en la avenida Carrera 19 # 115-06, oficina 12-08, en Bogotá.
Cuotas políticas y denuncias de corrupción
El panorama se complica con denuncias de clientelismo político dentro de la entidad. Se ha señalado que el secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Laocuture, y el senador Carlos Andrés Trujillo, ambos del Partido Conservador, tienen “cuotas burocráticas” en Supersubsidio.
El comunicado sindical también apunta directamente al secretario general de la Superintendencia, Roberto Luis Pérez Montavo, a quien se le acusa de presionar a funcionarios para el cobro de hasta el 50% de sus salarios, de ejercer presiones fuera de sus funciones y de perseguir sexualmente a trabajadoras. El sindicato SINTRASUBFA lo incluye en la lista de directivos que ejercen un “trato arbitrario”.
En este contexto de presunta instrumentalización de la entidad para intereses políticos, también se menciona que el superintendente delegado para estudios especiales y evaluación de proyectos, Diego Andrés Velásquez Álvarez, fue supuestamente puesto por el candidato presidencial Luis Pérez.
Estas graves denuncias, que van desde la precariedad laboral hasta el presunto tráfico de influencias, exigen una pronta respuesta por parte de las autoridades competentes para esclarecer la situación y determinar la responsabilidad de los implicados.
