La Procuraduría General de la Nación ha puesto en marcha una indagación previa que sacude los cimientos del proyecto de movilidad más ambicioso de la capital quindiana: el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros (SETP) de Armenia. El ente de control busca esclarecer posibles anomalías en la ejecución del convenio 2021-2024, señalando directamente a servidores públicos del Ministerio de Transporte y a la Alcaldía de Armenia.
La lupa de la Procuraduría se centra en dos puntos cruciales:
- Desembolsos irregulares: Al parecer, los recursos destinados a la ejecución del SETP no se habrían entregado conforme a los montos, plazos y condiciones pactados en el acuerdo de cofinanciación. Las inconsistencias en estos giros, gestionados bajo el convenio 2021-2024, son el principal motor de la investigación, liderada por la Segunda Delegada para la Contratación Estatal.
- El Fondo de Estabilización Tarifaria (FET): También están siendo examinadas las actuaciones de la Alcaldía de Armenia, particularmente en lo referente a la creación de este Fondo. El FET es un mecanismo vital, establecido en el convenio para garantizar la sostenibilidad económica y regulación de las tarifas del sistema, que ya en 2020 enfrentaba una crisis de quiebra debido a la caída de pasajeros y costos operativos, incluso antes de la formalización total del SETP.
¿Fallas en el seguimiento y la operación?
La investigación preliminar busca determinar si hubo incumplimientos o deficiencias en el seguimiento del avance del proyecto y en el manejo de los recursos públicos, tanto por parte de la cartera de Transporte como de la administración municipal, que en el momento de los hechos mencionados en el Texto 2 estaba en cabeza de James Padilla García. De hallarse responsabilidad, el proceso podría culminar con sanciones e incluso, si es el caso, el envío de copias a la Fiscalía General de la Nación.
La empresa Amable, encargada de la ejecución del sistema y constantemente cuestionada por los usuarios por la operación del servicio, no tardó en reaccionar. Desde su gerencia se afirmó que la actuación de la Procuraduría “es producto de auditorías previas de la Contraloría” y aseguraron estar trabajando en un plan de transición.
Esta respuesta, sin embargo, parece dejar casi que en evidencia la existencia de un incumplimiento en la operación gradual del servicio, un servicio que la ciudad de Armenia ha intentado consolidar desde, al menos, 2013, cuando se planteaba su operación “por consenso” entre diversos actores de la movilidad.
La indagación de la Procuraduría subraya la urgencia de vigilar la correcta ejecución de estos megaproyectos de movilidad urbana, para asegurar que los millonarios recursos destinados realmente beneficien a los ciudadanos que, históricamente, han visto su servicio de transporte pendiendo de un hilo.
