En un paso trascendental para fortalecer la lucha contra la corrupción, el Congreso de la República inició el trámite legislativo de un ambicioso proyecto de ley que busca eliminar la prescripción en los delitos relacionados con el desvío de recursos públicos y sus responsabilidades fiscales derivadas. La iniciativa, radicada recientemente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, tiene como objetivo central garantizar que los responsables de actos corruptos no escapen a la justicia amparados en el paso del tiempo, un fenómeno que ha alimentado el alarmante índice de impunidad en el país.
El proyecto, promovido por la representante Edna Támara Argote del Pacto Histórico y respaldado por congresistas de múltiples bancadas, propone modificar el artículo 83 del Código Penal para declarar imprescriptibles crímenes como el cohecho, peculado, concusión, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato, entre otros actos dolosos y graves que afectan la administración pública. Además, abarca las responsabilidades fiscales asociadas a estos delitos, asegurando que las investigaciones administrativas y contables tampoco pierdan vigencia con el transcurso de los años.
“El propósito no es solo sancionar, sino recuperar los recursos públicos que han sido desviados y devolver al Estado la capacidad real de investigar sin límites de tiempo”, destacó uno de los impulsores de la propuesta en la exposición de motivos. Según datos citados por los promotores, la prescripción ha sido un obstáculo clave para cerrar casos de corrupción, ya que muchos procesos penales y fiscales caducan antes de concluir, permitiendo que los involucrados queden impunes.
La medida, de aprobarse, tendría un impacto integral: no solo en el ámbito penal, sino también en las acciones administrativas y en la recuperación de dineros del erario. Por ejemplo, casos como el desvío de fondos en contratos públicos o el enriquecimiento no justificado de funcionarios podrían ser investigados décadas después de cometidos, siempre que se demuestre su vínculo con actos corruptos. Esto responde a un clamor ciudadano por mayor transparencia y rendición de cuentas, especialmente en un contexto donde la corrupción ha erosionado la confianza en las instituciones.
Entre los argumentos centrales de la iniciativa figura la necesidad de “construir un país más justo, donde nadie esté por encima de la ley”, tal como se señala en los documentos legislativos. Los promotores destacan que, en países como España e Italia, la imprescriptibilidad de delitos graves ha sido clave para resolver casos históricos de corrupción, y esperan que Colombia siga ese camino.
El proyecto ya comenzó su recorrido en la Comisión Primera de la Cámara, donde se analizarán sus implicaciones jurídicas y técnicas. Los autores confían en que, durante la actual legislatura, se logre su aprobación para convertirlo en ley antes de finalizar el año. De concretarse, marcaría un hito en la institucionalidad colombiana, alineándose con estándares internacionales de combate a la corrupción y reforzando mecanismos para proteger el patrimonio colectivo.
