La senadora Aída Avella, del partido Unión Patriótica, radicó el pasado 22 de julio de 2025 un proyecto de ley que busca reformar integralmente el sistema notarial en Colombia. La iniciativa, denominada “Por medio de la cual se establece la naturaleza jurídica y el servicio público de las notarías” , propone cambios sustanciales en la naturaleza jurídica de las notarías, el régimen laboral y salarial de los notarios y sus empleados, y la distribución de los ingresos generados por el servicio notarial.
Puntos clave del Proyecto de Ley:
El proyecto de ley se fundamenta en el mandato constitucional del artículo 131, que otorga al Congreso la potestad de reglamentar el servicio público notarial, su régimen laboral y los aportes especiales con destino a la administración pública. La iniciativa busca desarrollar este mandato, el cual, según la exposición de motivos, no ha sido reglamentado de manera integral desde el obsoleto Decreto-Ley 960 de 1970.
- Naturaleza Jurídica y Servicio Público de las Notarías: El proyecto establece que el notariado es un servicio público prestado por los notarios, implicando el ejercicio de la fe pública notarial. Se enfatiza que esta función no podrá ser prestada por particulares y que las notarías serán entidades descentralizadas territorialmente, adscritas al Ministerio de Justicia y del Derecho. Además, las notarías y consulados podrán ser autorizados por la Superintendencia de Industria y Comercio como entidades de certificación electrónica, de conformidad con la Ley 527 de 1999. También podrán transmitir mensajes de datos, copias, certificados y constancias de documentos de manera electrónica, siempre que cumplan con los requisitos técnicos de seguridad de la Ley 527 de 1999.
- Régimen de Carrera Administrativa para Notarios: Un aspecto central de la propuesta es la modificación del artículo 2° de la Ley 588 de 2000, para establecer que la función notarial será ejercida directamente por el Estado a través de los notarios como servidores públicos. Su régimen será el de carrera administrativa, contemplado en la Ley 909 de 2004, garantizando eficiencia, estabilidad e igualdad de oportunidades. Los notarios en propiedad serán empleados públicos, y todos los cargos en las notarías se proveerán por funcionarios de carrera administrativa. Para los actuales notarios, se establece un término de seis meses para que la Comisión Nacional del Servicio Civil convoque el proceso de selección de carrera administrativa.
- Redistribución de Ingresos Notariales: La iniciativa busca eliminar los “ingresos millonarios” que perciben algunos notarios, especialmente en capitales departamentales, donde se estima que pueden alcanzar los $500 millones promedio cada mes. El proyecto plantea una nueva distribución de los ingresos recaudados por el servicio público notarial:
- 15% ingresará al presupuesto del Ministerio de Justicia y del Derecho.
- 15% ingresará al presupuesto de la Superintendencia de Notariado y Registro.
- 20% ingresará al Fondo Cuenta Especial del Notariado.
- El 50% restante se destinará a la partida de ingresos del Presupuesto General de la Nación para gasto público social.
- Periodos Máximos de Nombramiento: Los notarios podrán ser nombrados por un máximo de tres períodos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 2163 de 1970.
Antecedentes y justificación:
La propuesta de la senadora Avella Esquivel se basa en la necesidad de modernizar el sistema notarial, que aún se rige por normas obsoletas como el Decreto-Ley 960 de 1970. La Exposición de Motivos del proyecto cita sentencias de la Corte Constitucional (C-084 de 2018, C-863 de 2012, C-421 de 2006) que han recalcado la importancia de la carrera administrativa para la provisión de cargos del Estado y han clasificado la actividad notarial como una función pública, no solo un servicio público.
El proyecto de ley iniciará ahora su trámite en el Congreso de la República, donde se espera un amplio debate. De ser aprobado, representaría un cambio significativo en la concepción y operación del servicio notarial en Colombia, buscando mayor equidad, transparencia y un beneficio más amplio para la sociedad.
