Después de décadas de abandono y cuatro intentos fallidos Colombia inicia una nueva era ferroviaria con la adjudicación del megaproyecto La Dorada–Chiriguaná. Con una inversión de $2,27 billones, el Gobierno del presidente Gustavo Petro cumple una de sus promesas electorales más ambiciosas: modernizar el transporte, fomentar la intermodalidad y conectar regiones estratégicas del país.
El proceso de adjudicación, realizado de manera transparente y exhaustiva por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se destacó por su rigor técnico y económico. La concesión se otorgó al consorcio Estructura Plural Línea Férrea, integrado por la española Ortiz Construcciones y Proyectos (75%), Transporte Ferroportuario (15%) y Colombian Natural Resources (10%). Este grupo, ganador de la licitación por su oferta competitiva y alta calificación, se encargará de rehabilitar aproximadamente 210 kilómetros de vía, instalar rieles más resistentes y construir infraestructuras de alto impacto.
Entre las obras a ejecutar se encuentra la construcción de un puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso en Puerto Wilches (Santander), el desarrollo de un moderno Centro de Transferencia de Carga en La Dorada (Caldas) y la reubicación de dos colegios en Cimitarra para garantizar su seguridad. Además, se implementarán un Centro de Control Operativo y dos talleres de mantenimiento, elementos clave para optimizar el sistema ferroviario y reforzar la estrategia intermodal del país.
Más allá de la infraestructura, este proyecto se distingue por su sello social y ambiental. Se prevé la generación de 32.000 empleos directos e indirectos y el beneficio a 400.000 personas en 25 municipios de cinco departamentos (Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar). Asimismo, la iniciativa contribuirá a la sostenibilidad, al reducir hasta 37.000 toneladas de CO₂ al año, lo que equivale a retirar cerca de 8.000 vehículos de circulación, y se espera que, para 2030, el corredor movilice 2,8 millones de toneladas anuales, quintuplicando la capacidad actual.
Óscar Torres, presidente de la ANI, enfatizó el impacto del proyecto:
“Este es el primer paso para revivir el tren en Colombia. Conectaremos el centro del país con el Caribe, impulsando la intermodalidad entre carreteras, puertos y vías férreas”.
Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, subrayó el alcance social de la obra:
“Llevamos progreso a zonas históricamente olvidadas. Municipios como Puerto Wilches, Aguachica o San Alberto verán mejoras en su calidad de vida”.
Con esta adjudicación, que se materializa tras años de desafíos y negociaciones, el Gobierno Petro no solo reactiva un tramo ferroviario abandonado por más de 30 años, sino que también abre el camino hacia un sistema logístico más eficiente y sostenible. La apuesta por esta APP (Alianza Público-Privada) no solo moderniza el transporte de carga y reduce costos en hasta un 20%, sino que también fortalece la competitividad de sectores claves como la agricultura y la minería, impulsando el desarrollo económico y social en toda la región.
El inicio de las obras, previsto para los próximos meses, marcará el comienzo de una transformación histórica que llevará esperanza, empleo digno y un futuro más sostenible a miles de colombianos, reafirmando el compromiso del presidente Petro de conectar y transformar el país.
Las intenciones positivas del gobierno deben estar respaldadas por contratos de inversión pública que protejan la inversión estatal, así como también amparados por pólizas de seguros emitidas por compañías aseguradora que, además de proporcionar cobertura, supervisen la ejecución, calidad y cumplimiento de las obras.