Testimonios recientemente admitidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han reabierto una investigación clave sobre los vínculos entre la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante su gobierno en Antioquia (1995-1997), y estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dos empresarios de Ituango, Francisco y Jaime Angulo Osorio, condenados por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, confesaron ante la justicia transicional su participación en el financiamiento y apoyo logístico a masacres como las de La Granja (1996) y El Aro (1997), señalando que altos funcionarios de la época facilitaron estas acciones.
Según El Espectador, los hermanos Angulo detallaron cómo la Secretaría de Gobierno de Antioquia, entonces liderada por Pedro Juan Moreno —considerado mano derecha de Uribe—, colaboró en la creación de las polémicas cooperativas “Convivir”, entidades autorizadas con celeridad por la Cuarta Brigada del Ejército y la Gobernación. Estas organizaciones, según las confesiones, operaron como fachadas para canalizar recursos a los paramilitares comandados por Salvatore Mancuso. Francisco Angulo admitió haber fungido como auditor fiscal de una de estas redes, revelando que proporcionaron dinero, víveres, transporte y hasta información militar a los grupos armados, lo que permitió operaciones que derivaron en desplazamientos forzados y ejecuciones extrajudiciales. Uno de los testimonios más escalofriantes describe cómo líderes de las “Convivir” participaban directamente en asesinatos: “cogían a las personas que iban a matar y las tiraban por los voladeros de Chingalé”, afirmó un testigo.
La investigación pone bajo sospecha el rol de figuras clave de la época, como un asesor de apellido Zapata, identificado como el encargado de gestionar los trámites legales para formalizar las cooperativas. Aunque Uribe ha negado históricamente cualquier colaboración con grupos ilegales —recordando en 2018 que canceló varias “Convivir” por irregularidades—, los nuevos testimonios contradicen su versión al señalar que su administración no solo avaló, sino que estructuró un sistema de apoyo a los paramilitares. Su abogado, Jaime Granados, calificó las acusaciones como “chismes”, argumentando que se basan en relatos de terceros y mencionan a funcionarios fallecidos, como Moreno, quien murió en 2006.
Este caso se suma a los desafíos legales que enfrenta Uribe, quien actualmente cumple condena en primera instancia por manipulación de testigos y fraude procesal. Mientras la JEP prepara una nueva citación a los hermanos Angulo para profundizar en sus declaraciones —que podrían develar detalles sobre crímenes de lesa humanidad en Ituango—, el Tribunal Superior de Bogotá ultima su decisión en segunda instancia sobre el caso de obstrucción a la justicia. Las revelaciones no solo reavivan debates sobre la complicidad estatal en la violencia paramilitar, sino que también prueban la compleja trama de responsabilidades que la justicia transicional busca esclarecer décadas después.
Con estos testimonios, la JEP refuerza su labor de reconstruir la verdad histórica, aunque las sombras del pasado siguen tensionando el presente político del país. Mientras tanto, víctimas y organizaciones de derechos humanos exigen que las instituciones avancen sin titubeos en la búsqueda de justicia, incluso cuando los nombres involucrados ocuparon los más altos cargos del Estado.
