En un fallo trascendental para el sector de infraestructura colombiano, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) obtuvo una victoria legal frente a la Sociedad Concesionaria Vial Andina S.A.S. (Coviandina), filial del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, en un arbitraje relacionado con el colapso del Puente Chirajara en 2018. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá desestimó las pretensiones de Coviandina, que buscaba transferir al Gobierno la responsabilidad por seguros y riesgos derivados del accidente, reafirmando que estos temas deben resolverse bajo los mecanismos contractuales establecidos.
Antecedentes del colapso
El 15 de enero de 2018, durante la construcción del Puente Chirajara —parte de la vía Bogotá-Villavicencio—, uno de sus pilones se desplomó, causando la muerte de nueve personas. Una investigación posterior determinó que el colapso se debió a errores en el diseño estructural, específicamente en la capacidad del tabique y la losa cabezal de la pila B, responsabilidad del consorcio Gisaico, encargado de la obra. En 2020, un tribunal arbitral ya había condenado a Gisaico a pagar $6.000 millones a Coninvial, contratista de Coviandes, por incumplimiento contractual.
El nuevo arbitraje: ¿Quién asume los riesgos?
En julio de 2023, Coviandina —sociedad conformada por Episol S.A.S. y Concecol S.A.S., filiales de Corficolombiana (parte del Grupo Aval)— inició un arbitraje contra la ANI exigiendo que el Estado asumiera la totalidad de los costos por seguros y riesgos no imputables al concesionario tras el desastre. La empresa argumentaba que cláusulas contractuales eran injustas, pero el tribunal rechazó su demanda, recordando que las disputas sobre daños no cubiertos deben resolverse mediante el Evento Eximente de Responsabilidad, un proceso que involucra expertos neutrales designados por ambas partes.
“El fallo refuerza la importancia de respetar los marcos contractuales en proyectos de infraestructura”, destacó un experto en derecho público consultado, quien pidió anonimato. “No se puede trasladar al Estado riesgos inherentes a la ejecución técnica de los contratistas”.
El puente reconstruido, pero sin funcionar
Tras el colapso, la ANI y Coviandes (empresa vinculada a Coviandina) firmaron en 2021 un acuerdo para reconstruir la estructura en 32 meses. Aunque el nuevo puente se entregó en diciembre de 2023 —dos meses antes del plazo—, aún no está operativo debido a problemas en los túneles de conexión. La inversión total alcanzó los $96.000 millones, financiados íntegramente por los accionistas de Coninvial, además de $7.747 millones por interventoría.
Además, Coviandes realizó dos compensaciones a la ANI por $8.353 y $8.558 millones, respectivamente, tras incumplir el plazo inicial del contrato original. Estos montos reflejan la complejidad de los ajustes financieros posteriores al siniestro.
Implicaciones para el Grupo Aval y el sector
El fallo representa un revés para el conglomerado de Sarmiento Angulo, que ya enfrentó críticas por la gestión del proyecto. Coviandina, encargada de la operación y mantenimiento de la vía, deberá asumir los costos legales y técnicos derivados del colapso, sin poder trasladarlos al erario público.
Para el Gobierno, la decisión refuerza su postura de exigir responsabilidad a los concesionarios en proyectos viales. “Este arbitraje sienta un precedente: los riesgos técnicos son de quien los ejecuta, no del Estado”, señaló un funcionario de la ANI bajo condición de reserva.
¿Qué sigue?
Mientras se resuelven los inconvenientes en los túneles que impiden la operación del puente, el caso abre debates sobre la supervisión de diseños en infraestructura crítica. Expertos advierten que, sin estándares más rigurosos, futuros proyectos podrían repetir errores fatales. Mientras tanto, la ANI mantiene su enfoque en garantizar que los responsables asuman las consecuencias de sus obligaciones contractuales.
