El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal confirmó que el senador Alirio Barrera, del partido Centro Democrático y jefe de debate de la candidata presidencial Paloma Valencia, concentró 487 hectáreas de terrenos baldíos en Casanare mediante un sofisticado esquema de acumulación que incluyó englobe, subdivisión y compraventa de predios. La decisión representa un golpe judicial significativo para el senador, quien previamente había intentado, sin éxito, que el medio digital Casa Macondo rectificara las investigaciones periodísticas que destaparon el caso.
El Tribunal también negó la tutela interpuesta por Barrera contra los periodistas Camila Gómez, Juan Pablo Barrientos y José Alejandro Castaño, quienes fueron los primeros en revelar públicamente el entramado de tierras que hoy ocupa a la justicia colombiana.
Un esquema diseñado para evadir la ley
Según las investigaciones, Barrera habría consolidado su patrimonio inmobiliario en Casanare desde comienzos de los años 2000, precisamente cuando ya ejercía cargos públicos en la región, primero como concejal de Aguazul entre 2004 y 2007, y posteriormente como gobernador del departamento.
El mecanismo utilizado consistía en adquirir predios adjudicados originalmente por el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), unificarlos en grandes globos de tierra y fraccionarlos luego en múltiples lotes para su comercialización. Esta práctica, conocida como englobe y subdivisión, le habría permitido al senador eludir las restricciones que la ley impone sobre la acumulación de baldíos.
Entre las propiedades directamente involucradas en el caso figuran tres predios de origen estatal: el Condominio Peñones de Piedemonte, con 373 hectáreas en el municipio de Aguazul; el predio El Diamante, con 449 hectáreas en Nunchía; y la finca Édgar, con 38 hectáreas también en Aguazul. Solo el proyecto Peñones de Piedemonte fue fraccionado en 261 lotes, cuya venta habría generado ingresos superiores a los 5.000 millones de pesos.
La magnitud de la ilegalidad
La Ley 160 de 1994, establece que los terrenos de origen baldío no pueden acumularse en extensiones superiores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF), límite que varía según la región. En Aguazul, ese tope es de apenas 61 hectáreas para quienes no son sujetos de reforma agraria, e incluso de 12 hectáreas según otras mediciones aplicables al caso.
De acuerdo con la ANT, Barrera figura como propietario de 14 predios en el país, ocho de ellos con origen baldío. El desfase entre lo que posee y lo que la ley permite asciende a 351 hectáreas, es decir, aproximadamente 6,7 veces el límite máximo autorizado en esa zona.
La ANT avanza hacia la recuperación de las tierras
La Agencia Nacional de Tierras tiene abierto un expediente administrativo formal, a cargo de su Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, orientado a establecer la nulidad de los contratos de compraventa que habrían contravenido la normativa sobre baldíos. El proceso podría derivar en demandas ante jueces de la República y en la recuperación material de los predios, los cuales pasarían al Fondo de Tierras para ser adjudicados a familias campesinas sin acceso a la propiedad rural, en el marco de la Reforma Rural Integral.
La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que los bienes baldíos son imprescriptibles, lo que significa que no pueden ser adquiridos por prescripción ni concentrados irregularmente, independientemente del tiempo transcurrido desde su adjudicación original.
El contexto político que agrava el caso
La dimensión política del escándalo resulta especialmente sensible, dado que Barrera funge actualmente como jefe de debate de Paloma Valencia, una de las figuras de mayor proyección del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales. El caso pone en evidencia una contradicción que no ha pasado desapercibida: el partido que históricamente ha cuestionado la reforma agraria del gobierno Petro tiene entre sus filas a un senador investigado por acaparar tierras que la ley reserva para los campesinos más pobres del país.
La defensa del senador
Barrera ha rechazado las acusaciones y argumenta que los predios en cuestión son de carácter comercial y que la ANT le habría confirmado que no tienen restricción para su venta. “Si un predio fue adjudicado hace 70 años, se entiende que es comercial”, sostuvo el senador. Sin embargo, esta interpretación choca directamente con la posición de la ANT y con la jurisprudencia constitucional, que reconocen el origen baldío de los terrenos como un elemento que persiste independientemente de las transacciones posteriores.
