En un revés para la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de suspender provisionalmente la detención domiciliaria impuesta en su contra. La decisión, que mantiene la medida vigente, se tomó mientras el tribunal revisa una tutela interpuesta por el equipo legal del exmandatario.
La solicitud de medida provisional, presentada por el abogado Jaime Granados, buscaba frenar la ejecución de la pena de 12 años de prisión domiciliaria, argumentando que la decisión inicial de la jueza Sandra Heredia vulneraba los derechos fundamentales de Uribe, incluyendo el debido proceso y la presunción de inocencia. Sin embargo, el magistrado Leonel Rogeles Moreno determinó que la petición no cumplía con los requisitos de urgencia, necesidad e impostergabilidad necesarios para una medida cautelar de este tipo.
Argumentos de la Defensa y la Decisión Judicial
La defensa de Uribe sostiene que ordenar la privación inmediata de su libertad, sin que la condena esté en firme, es una violación de sus derechos. Además, argumentaron que el expresidente no representa un peligro para la sociedad y siempre ha comparecido ante la justicia, cuestionando el argumento de la jueza Heredia sobre un posible riesgo de impunidad o evasión.
Por su parte, el Tribunal Superior consideró que, por el momento, no se advierten irregularidades que justifiquen una afectación relevante a los derechos fundamentales de Uribe. El magistrado Rogeles Moreno subrayó que las decisiones judiciales gozan de una presunción de acierto y legalidad, y que calificar la orden de detención como “arbitraria” es prematuro sin un análisis de fondo de la tutela.
Siguientes Pasos en el Proceso Judicial
La tutela, que seguirá su curso en el Tribunal Superior de Bogotá, tiene como objetivo principal permitir que Uribe pueda apelar la sentencia en libertad. El tribunal tiene un plazo de diez días para tomar una decisión definitiva sobre esta acción constitucional.
El caso, que inicialmente recayó en el magistrado Ramiro Riaño Riaño, fue asignado temporalmente a Leonel Rogeles Moreno debido a la ausencia justificada de Riaño. La tutela podría regresar a su despacho una vez que se reincorpore, aunque existe la posibilidad de que se declare impedido, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, lo que añadiría un nuevo capítulo a este complejo proceso judicial.
Esta condena marca un hito histórico en Colombia, siendo la primera vez que un exgobernante es sentenciado por la justicia. Además de los 12 años de prisión domiciliaria, la pena incluye el pago de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El equipo legal de Uribe ha anunciado que, de ser necesario, llevará el caso hasta la Corte Suprema de Justicia para buscar la revocatoria de la sentencia.
