No contento con haberse quedado, en el último trimestre de 2023, con algo más de 23 mil millones de pesos, propiedad de la empresa Turgas S.A. E.S.P., en un fallo arbitral plagado de anomalías y de actuaciones oscuras que favoreció a la empresa VP Ingenergia S.A.S. E.S.P., propiedad del sombrío personaje, Álvaro Augusto Vargas Bravo, un avivato que está haciendo estragos en el sector gasífero de Colombia, este siniestro personaje viene por otra millonada, pagando lo que toque para lograr cometer la estafa.
Álvaro Augusto Vargas Bravo, vuelve a atacar, y lo hace nuevamente, vía arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ahora viene por 30 millones de dólares de una multinacional canadiense que opera en Colombia.
A la compañía Turgas S.A. E.S.P., le tocó pagar entre últimos días de octubre y finales de noviembre de 2023, la multimillonaria suma de dinero producto de un escandaloso fallo, emitido por los árbitros Jorge Santos Ballesteros (presidente), Jorge Suescún Melo y Sergio Muñoz Laverde, miembros del panel arbitral, que dirimió la disputa entre las sociedades: VP Ingenergia S.A.S. E.S.P., y Turgas S.A. E.S.P., formulada ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (radicado 133.550) según Laudo Arbitral de 21 de julio de 2023.
Ahora, un tribunal doméstico está buscando desconocer el laudo internacional del 31 de enero de 2025, que le dio la razón a la multinacional canadiense Canacol Energy de que el arbitraje para los contratos de 2022 (firme e interrumpible), que son los más importantes en todo el conflicto con la empresa VP Ingenergia S.A.S. E.S.P., eran internacionales y estaban bajo la competencia del tribunal internacional, lo que implica que están por fuera de la competencia y alcance del tribunal doméstico.
Esta investigación pudo establecer que la intención del tribunal doméstico, es asumir competencia sobre todos los contratos (incluidos los del año 2022), posiblemente para procurar un laudo rápido que le permitiría a VP Ingenergia S.A.S. E.S.P., ejecutarlo en su beneficio y, de paso, que los árbitros domésticos puedan legalizar todos los honorarios que la empresa del tenebroso, Álvaro Augusto Vargas Bravo, les pagó por más de $5.600 millones, según trascendió.
La fuente de este pago, es dudosa y puede resultar cuestionable considerando que la empresa VP Ingenergia S.A.S. E.S.P., tiene todas sus cuentas embargadas en Colombia, como consecuencia de procesos ejecutivos iniciados justamente por Canacol por este mismo asunto.
Desde que el tribunal doméstico supo de la existencia del laudo internacional del, 31 de enero de 2025, que le impediría conocer de toda la controversia, el tribunal doméstico ha venido profiriendo decisiones para intentar asumir competencia a pesar del laudo internacional. En esa vía excluyó ilegalmente a Canacol Energy para bloquear su caso contra VP Ingenergia S.A.S. E.S.P., que giraba en torno al incumplimiento de un contrato de transacción, impidió al representante legal de CNE Panamá, participar en audiencias y ahora alega una supuesta nulidad procesal para decir que la sucursal de CNE Panamá en Colombia (CNEOG) nunca tuvo poder y que, por tanto, no ha actuado ante el tribunal doméstico.
Esto último es especialmente relevante. El tribunal doméstico dice ahora que CNEOG (empresa dedicada a la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos en Colombia) es la demandada y que como no dio poder, sino que quien lo dio fue CNE Panamá, hay una nulidad. Todo esto a pesar de que, desde hace dos años, el propio tribunal doméstico reconoció que CNE Panamá y su sucursal CNEOG actuaban con el mismo poder y, además, les permitió presentar todas sus actuaciones con dicho poder.
Con esta nueva y sorpresiva decisión, el tribunal doméstico parece estar buscando forzar a que la sucursal colombiana CNEOG participe para decir que el arbitraje es doméstico, usando para ello una norma del Código de Petróleos, según la cual, las sucursales prevalecen sobre las sociedades extranjeras en los contratos relacionados con hidrocarburos.
No obstante, el laudo arbitral internacional del, 31 de enero de 2025, que el tribunal doméstico quiere desconocer, ya resolvió todo lo relacionado con el Código de Petróleos y la participación de CNEOG como sucursal y CNE Panamá como sociedad extranjera, concluyendo que, a pesar de todo esto, el arbitraje para los contratos de 2022 (firme e ininterrumpible) es internacional, en una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada.
Entonces lo que el tribunal doméstico quiere construir para intentar presentar una razón legal de su competencia que le permita juzgar todos los contratos, fue un asunto ya decidido por el propio tribunal internacional, quien concluyó que el arbitraje para esos contratos es internacional, lo que implica que el tribunal doméstico pierde toda competencia.
Haciendo memoria esta misma empresa VP Ingenergia S.A.S. E.S.P., del espantoso, Álvaro Augusto Vargas Bravo, y frente al recientemente pasado fallo que dejó en muy malas condiciones a la empresa Turgas S.A. E.S.P., una de las fuentes aseveró que “detrás de este fallo había un cartel de sinvergüenzas que vienen estafado al país desde hace mucho tiempo con el tema de las restricciones y Álvaro Augusto Vargas Bravo, participa en eso, y tiene como y con qué corromper a todo el mundo para lograr sus cometidos fraudulentos vía sobornos.”.
La misma fuente corroboró que antes de que Vargas Bravo tumbara en 23 mil millones de pesos a la empresa Turgas S.A. E.S.P., le antecedió un oscuro caso contra la multinacional Cemex en Bogotá. “Álvaro Augusto Vargas Bravo, corrompió a la alta dirección de Cemex y se coló en la mitad de un negocio firmado entre Turgas S.A. E. S.P. y Cemex e hicieron, todo lo humanamente posible, para tumbar a Turgas. A través de esa fraudulenta maniobra, Álvaro Augusto Vargas Bravo, desangro a Cemex.”
“La junta directiva de Cemex tardíamente descubrió y expulsó a Álvaro Augusto Vargas Bravo, advirtiéndole que no volvía a negociar con él, sin embargo, una cláusula había quedado consignada en el contrato. Ella decía: que la empresa Turgas S.A. E.S.P., no podía contratar con Cemex, durante cinco años y cinco años más”. En ese momento Cemex se cerró y no quiso seguir negociando con Álvaro Augusto Vargas Bravo y con su empresa VP Ingenergia S.A.S. E.S.P., “La junta directiva de Cemex tardíamente descubrió y expulsó a Álvaro Augusto Vargas Bravo, advirtiéndole que no volvía a negociar con él, sin embargo, una cláusula había quedado consignada en el contrato. Ella decía: que la empresa Turgas S.A. E.S.P., no podía contratar con Cemex, durante cinco años y cinco años más”. En ese momento Cemex se cerró y no quiso seguir negociando con Álvaro Augusto Vargas Bravo y con su empresa VP Ingenería S.A.S. E.S.P., y los únicos que podía entregar el gas a Cemex era la empresa Turgas S.A. E.S.P., porque para Cemex, Vargas Bravo era un simple tumbador y pícaro” Advirtió la fuente.
De otra parte, es muy pertinente indicar, que los cada vez más escandalosos laudos arbitrales que particularmente se centran en la poderosa y omnipotente Cámara de Comercio de Bogotá, son fallos que suelen traer un tufillo de corrupción, conducta que cada vez toma mayor tono aun en las propias instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuya moderna sede funciona en la calle 26 de Bogotá, frente a las instalaciones del periódico El Tiempo.
Esa, cada vez más sospechosa y sombría competencia, está regulada en Colombia a través del Ministerio de Justicia en cabeza de su titular la abogada Angela María Buitrago y particularmente de su subalterna, Helen Ortiz Carvajal, viceministra de Promoción de la Justicia. Por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, el gran responsable es su presidente, el polémico, Ovidio Claros, quien tiene como director del centro de arbitraje, al señor Gustavo Andrés Piedrahita Forero.
Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, está representada por un equipo integrado por siete personas: Julio Andrés Sanpedro Arrubla, Diana María Vélez Vásquez, Magda Victoria Acosta Gualteros, Alfonso Cajiao Cabrera, Juan Carlos Granados Becerra, Carlos Arturo Ramírez Vásquez y por Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo.
Existe, además, una Corte Arbitral, integrada por el árbitro Ernesto Rengifo, por la árbitro, Eleonora Lozano, decana de Derecho de la Universidad de Los Andes, y por otra árbitra, María Luisa Mesa Zuleta, hermana de los poderosos Juan y Gabriel Mesa Zuleta ex secretarios generales de la presidencia de la república, con diferentes gobiernos, el uno liberal y el otro conservador.
También esa cúpula de poder que dirime en Bogotá y Colombia, multimillonarios laudos arbitrales, suma un Tribunal Arbitral, compuesto por los siguientes integrantes: Marlene Durán Camacho, árbitro, Catalina Hoyos Jiménez, árbitro, José María del Castillo Abello, árbitro y María Isabel Paz Nates.
De la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se conoce su destacada labor en la investigación de los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia y en las interceptaciones a la Corte Suprema de Justicia, ha sido consultora de la OEA y de la CIDH. Por su parte, Helen Ortiz Carvajal, viceministra de Promoción de la Justicia, se sabe que ha estado vinculada con el ICBF, con el ICFES, con RTVC y con el ministerio de Salud.
Ovidio Claros, el poderoso director de la Cámara de Comercio de Bogotá, esposo de la senadora del partido Verde, Olga Lucía Velásquez, es un curtido politiquero, quien aspiró recientemente a la Procuraduría General de la Nación y fracasó, su premio de consolación fue la súper poderosa Cámara de Comercio de Bogotá. A este lo acompaña como director del centro de arbitraje, Gustavo Andrés Piedrahita Forero, quién lleva más de una década en la CCB y recientemente fue involucrado en escándalos por acoso sexual, se sabe que es cercano a Enrique Vargas Lleras, un pez gordo que lleva muchos años vinculado en calidad de directivo a la CCB.
La Corte Arbitral, la lidera el árbitro Ernesto Rengifo, experto en propiedad intelectual, vinculado a la Universidad Externado, con él la abogada Eleonora Lozano, decana de Derecho de la Universidad de Los Andes, muy cercana a Catalina Hoyos, miembro del tribunal arbitral, y con los anteriores la no menos poderosa, María Luisa Mesa Zuleta, abogada rosarina, ex candidata a Fiscal General de la Nación, ex miembro de la junta directiva de Odinsa y trabajó con Avianca, es prima de Germán y Enrique Vargas Lleras.
Los miembros del Tribunal Arbitral, Marlene Durán Camacho, árbitro, trabajó con la Occidental, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en donde preside otro tribunal arbitral, en el año 2015, falló un laudo entre la Occipetrol y Petrominerales, allí absolvió a la última entidad.
La abogada, Catalina Hoyos Jiménez, fue árbitro del proceso de la Ruta del Sol 2, que involucró a Odebrecht. Hace poco dos integrantes de su firma, estuvieron involucrados en un posible caso de corrupción en la OPA de Nutresa, son ellos Jaime Moya y Juan Sebastián Lombana. Por su parte el árbitro José María del Castillo Abello, ex vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, ternado por el gobierno de Iván Duque a la Corte Constitucional, en donde obtuvo un solo voto y la árbitro y María Isabel Paz Nates, es una abogada javeriana, ha sido contraparte en diferentes procesos del dueño de la empresa VP Ingenergia S.A.S. E.S.P., del pavoroso, Álvaro Augusto Vargas Bravo, quién ahora se apresta a dar un nuevo zarpazo, esta vez su víctima es la multinacional canadiense Canacol Energy.
De Álvaro Augusto Vargas Bravo, se especula, en los últimos días, que las autoridades colombianas y americanas estarán muy prontas a echarle el guante, a propósito de sus acciones fraudulentas que ya tienen fama en el sector del gas en Colombia.
Ahora, lo que parece va a ocurrir, es que nuevamente los controvertibles árbitros adscritos a la sospechosa Cámara de Comercio de Bogotá, el próximo 25 de abril de 2025, se aprestan a ayudar a asestar un nuevo golpe delincuencial a favor del pícaro, Álvaro Augusto Vargas Bravo, quien se llevaría a través de su corrupta firma VP Ingenergia S.A.S, la suma de $5.600 millones de pesos.
Es una vergüenza lo que está pasando en la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde, al parecer, el cartel de los fallos de laudos arbitrales cobra millonarias sumas para favorecer a delincuentes como Álvaro Augusto Vargas Bravo, vía su compañía la tristemente célebre VP Ingenergia S.A.S. E.S.P.
