La Registraduría Nacional del Estado Civil tomó la decisión de apartar de su cargo a una funcionaria supernumeraria luego de que un video que la mostraría presuntamente participando en actividades políticas comenzara a circular en redes sociales. La medida fue adoptada de manera inmediata, según lo confirmó la entidad a través de un comunicado oficial dirigido a la opinión pública.
De acuerdo con el comunicado, el material audiovisual fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario de la entidad, que tiene a su cargo adelantar las investigaciones formales para establecer si la funcionaria incurrió en una violación de las normas que prohíben expresamente a los servidores públicos involucrarse en procesos electorales o actividades de carácter político.
Advertencias reiteradas, consecuencias claras
La Registraduría señaló que no se trata de un llamado aislado. La entidad ha emitido de forma permanente memorandos internos y comunicaciones a través de sus canales oficiales para recordarle a todo su personal la obligación de mantenerse al margen de cualquier actividad política, bajo cualquier modalidad.
La institución fue enfática al recordar que este tipo de conductas no solo constituyen faltas disciplinarias gravísimas contempladas en los artículos 60 y 65 de la Ley 1952 de 2019, sino que además pueden derivar en responsabilidad penal, específicamente por el delito de intervención en política, tipificado en el artículo 422 del Código Penal colombiano.
Un mensaje en medio de la tormenta electoral
El pronunciamiento llega en un momento de alta tensión política en el país. Las elecciones del pasado 8 de marzo han estado rodeadas de denuncias de irregularidades en el proceso de escrutinio, y el debate sobre la integridad del proceso electoral se ha intensificado en los últimos días.
En ese contexto, la Procuraduría General de la Nación solicitó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se ordene al presidente Gustavo Petro abstenerse de hacer declaraciones sobre un presunto fraude electoral, mientras aún se definen curules en varias regiones del país.
Con esta decisión, la Registraduría Nacional busca enviar un mensaje contundente de cara a los comicios de 2026: la neutralidad de sus funcionarios no es negociable. La entidad reafirmó su compromiso con la integridad, la transparencia y la imparcialidad del proceso electoral colombiano, y advirtió que cualquier conducta que ponga en duda esos principios tendrá consecuencias inmediatas.
