Setenta familias campesinas que habitan desde hace más de siete años el predio conocido como Finca La Ilusión, ubicado en el corregimiento de Pueblo Tapao del municipio de Montenegro, hicieron pública una denuncia en la que señalan a autoridades locales de perseguirlas y hostigarlas en presunto beneficio de redes dedicadas a la minería ilegal de oro en el Río La Vieja.
Una comunidad entre el miedo y el desamparo
En un comunicado, los ocupantes del predio describen un patrón sistemático de presión institucional que habría escalado en las últimas horas hasta convertirse en una nueva amenaza inminente de desalojo. Según el documento, esta no sería la primera vez: el pasado 13 de noviembre de 2025, efectivos de distintas entidades del Estado se habrían presentado en la finca en un operativo que los campesinos califican como un trato “de delincuentes”, con reportes de maltrato a menores, humillaciones y lo que las familias describen como guerra psicológica contra la comunidad.
“Hemos subsistido del cultivo de la tierra”, señala la denuncia, en la que se advierte que un eventual desalojo dejaría a decenas de familias en situación de calle, sin alternativa habitacional ni garantía alguna por parte del Estado.
Autoridades locales en la mira: el vínculo denunciado con la minería ilegal
El señalamiento más grave del comunicado apunta directamente a la administración municipal de Montenegro. Las familias afirman que el alcalde del municipio habría coordinado, presuntamente, acciones de múltiples entidades —entre ellas organismos de salud, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y el ICBF— en contra de su comunidad, todo ello, según denuncian, en favor de grupos que explotan ilegalmente oro en el Río La Vieja.
“Los delincuentes de cuello blanco son quienes están unidos con las mafias”, en una acusación que no ha sido respondida públicamente por las autoridades del municipio hasta el momento de publicación de este artículo. La minería ilegal en el Río La Vieja es un problema estructural reconocido en la región cafetera. La extracción no autorizada de minerales en esa cuenca hídrica ha sido objeto de alertas ambientales por parte de corporaciones autónomas regionales, y ha estado ligada históricamente a economías criminales que operan con niveles significativos de impunidad.
Un llamado urgente al Gobierno Nacional
Con la angustia explícita ante lo que describen como una amenaza que podría materializarse en horas, las familias elevaron un llamado directo al Ministerio de Agricultura, a la Presidencia de la República y a organizaciones defensoras de derechos humanos para que hagan presencia inmediata en el predio.
La petición adquiere especial relevancia en el contexto de la política de tierras del Gobierno Nacional, que ha enarbolado el principio de reforma agraria y el derecho de los campesinos a la tierra que trabajan como uno de sus ejes programáticos.
Cuestionamiento institucional
Uno de los aspectos más llamativos de la denuncia es la mención explícita del ICBF como parte del dispositivo de presión contra la comunidad, una entidad cuyo mandato constitucional es precisamente la protección de la infancia y las poblaciones vulnerables. Las familias afirman que dicha institución “obró contrario a la misión que tiene de defender a los niños, ancianos y personas en condición de vulneración”.
De confirmarse los hechos descritos, la situación plantearía interrogantes serios sobre la instrumentalización de entidades del Estado en favor de intereses privados y en detrimento de comunidades rurales en condición de vulnerabilidad.
