La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia profirió una de las condenas más contundentes registradas recientemente contra un miembro activo del Congreso colombiano: 279 meses y ocho días de prisión —equivalentes a poco más de 23 años— para el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, del partido Centro Democrático, por su participación en un sofisticado esquema de corrupción en la contratación pública.
El fallo, que marca un hito en el procesamiento penal de aforados en Colombia, establece que Ramírez lideró una organización criminal integrada por funcionarios públicos, asesores y contratistas privados, cuyo propósito fue direccionar recursos del Estado en beneficio de sus aliados políticos y propios intereses electorales.
Los delitos que sellaron la condena
El alto tribunal declaró penalmente responsable al congresista por tres cargos: concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. La sentencia es explícita al señalar que Ramírez no actuó como un simple partícipe, sino como el arquitecto del entramado criminal.
“Se demostró que el acusado lideró una organización criminal a través de la cual se logró la estructuración del Convenio 670 de 2021, con el interés de beneficiar a quienes lo favorecieron en su campaña política”, reza el extenso documento judicial.
Además de la pena privativa de la libertad, el fallo impone la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y una cuantiosa multa que asciende a más de 19.400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a aproximadamente 22.340 millones de pesos, suma que deberá ser consignada a nombre del Ministerio de Justicia.
El corazón del escándalo: el Convenio 670 de 2021
Los hechos investigados se remontan a septiembre de 2021, cuando Ramírez sostuvo un primer encuentro con Pablo César Herrera Correa, entonces gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, en las instalaciones de la Gobernación del Quindío. En esa reunión se abordaron los términos de un contrato con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
Un mes después, en octubre del mismo año, Ramírez se reunió nuevamente con Herrera y con Eugenio García Jacquier, exsubdirector del DPS, con el fin de estructurar un nuevo contrato interadministrativo entre ambas entidades. En noviembre de 2021 quedó formalizado el Convenio 670, por un valor de 48.660 millones de pesos.
Según la Corte, el propósito de este acuerdo no era otro que fortalecer el proyecto político del senador en los departamentos de Quindío, Caldas, Santander y Tolima, en conjunción con el pago de dádivas que habrían alcanzado los 1.000 millones de pesos.
Un saqueo de 90.000 millones de pesos
Uno de los aspectos más graves del fallo es la dimensión del daño patrimonial al Estado. La Corte Suprema determinó que Ramírez habría participado en el desvío de cerca de 90.000 millones de pesos destinados a obras públicas en al menos cinco departamentos del país, recursos que provenían del Departamento de Prosperidad Social y que terminaron siendo canalizados hacia proyectos plagados de irregularidades.
El esquema funcionaba mediante acuerdos entre actores políticos y funcionarios públicos, quienes facilitaban la adjudicación de contratos a determinados contratistas. Esta modalidad, bautizada como ‘Las Marionetas’ —en alusión al manejo discrecional de figuras clave del sector público como si fueran títeres—, vulneró principios fundamentales de la contratación estatal: transparencia, selección objetiva y legalidad en el manejo de los recursos.
Un proceso que venía de lejos
El proceso judicial contra Ramírez no es reciente. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema le abrió investigación formal en junio de 2023, y durante el avance del proceso el congresista estuvo privado de la libertad en la cárcel La Picota durante un año y cuatro meses.
Con este fallo, la justicia colombiana envía una señal inequívoca sobre la responsabilidad penal de los congresistas que hacen uso de su influencia institucional para torcer la contratación pública en su propio beneficio, consolidando un precedente de especial relevancia en la lucha contra la corrupción en el país.
