La reapertura de la embajada colombiana en el país caribeño, simbolizando el reconocimiento de una deuda histórica, se ha convertido en un foco de escándalo institucional. Denuncias de acoso laboral, retención de fondos durante la pandemia, una factura sin pagar de casi 6.000 dólares y más de 1.300 millones de pesos en trasferencias cuya ejecución no ha sido explicada con claridad configuran un cuadro preocupante en torno a la gestión de la embajadora Vilma Rocío Velásquez Uribe.
Las denuncias no provienen de adversarios políticos. Son relatos de excolaboradores de la misión diplomática, documentos de Cancillería y la voz pública de una empresaria haitiana que, nueve meses después de prestar sus servicios durante la visita presidencial del 18 de julio de 2025, aún espera ser pagada.
“Mi esposo y yo estamos cansados de lidiar con la mala fe y las promesas incumplidas de la embajadora, cuya actitud y conducta solo empañan la imagen de su orgullosa República en Haití.” Viviane Vital-Herne Hoogendorm, carta a la canciller Villavicencio, 7 de abril de 2026
La cuenta del catering presidencial
Viviane Vital-Herne Hoogendorm, propietaria del Aioli Restaurant de Puerto Príncipe, afirma que prestó servicios de catering y decoración durante el acto inaugural de la embajada, al que asistieron el presidente Gustavo Petro, la canciller Yolanda Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y otras autoridades colombianas y haitianas. Según su versión, la factura asciende a 5.691 dólares, incluyendo ajustes que dice haber realizado a petición de funcionarios durante el desarrollo del evento.
La embajadora ofrece una versión diferente. Velásquez asegura que la cotización aprobada inicialmente era de 1.250 dólares y que la empresaria habría añadido servicios nunca autorizados. “Es típico de aquí que la gente quiera aprovechar una oportunidad y hacer una factura grande”, declaró a la revista Semana. Desde la misión diplomática se emitió una carta formal en diciembre de 2025 rechazando el cobro.
En diplomacia, sin embargo, los gestos simbólicos tienen peso. Que la primera deuda pública de la embajada recién inaugurada sea con un proveedor local —en uno de los países más vulnerables del hemisferio— no es un dato menor.
Preguntas sin respuesta: los recursos del funcionamiento
- Desde 2023 se habrían transferido cerca de 1.300 millones de pesos para gastos de la misión.
- La ejecución reportada correspondería apenas a una fracción de ese total.
- ¿Quién administra y ordena el gasto? ¿Existen pagos pendientes a más proveedores haitianos?
- No se ha presentado un informe detallado sobre movimientos financieros ni mecanismos de control aplicados.
Militares retenidos, fondos no entregados
Una de las denuncias más graves retrocede a la etapa de la pandemia, cuando Velásquez se desempeñaba como cónsul. Según excolaboradores, durante ese período habría retenido durante meses recursos enviados por familiares de militares colombianos detenidos en Haití, que esperaban en condiciones precarias —sin acceso adecuado a alimentos— sin recibir respuesta oportuna de la representación consular. Las fuentes consultadas califican el episodio no como un error administrativo, sino como una decisión deliberada bajo condiciones de vulnerabilidad extrema.
Acoso laboral y traslados forzados
Múltiples testimonios de exfuncionarios señalan un patrón de conducta que incluye amenazas de elevar quejas hasta el presidente Petro —de quien Velásquez habría dicho contar con respaldo por ser esposa de un exintegrante del M-19— y la exigencia de pleitesía por parte del personal de la sede diplomática. En al menos una ocasión, se habría ordenado a un funcionario presentarse en la embajada durante una situación de peligro en los alrededores de la sede, poniendo en riesgo su integridad. Las denuncias por acoso laboral habrían derivado en traslados de personal y remociones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El contexto que pesa
Haití no es un país cualquiera para Colombia. Fue en ese suelo donde Simón Bolívar encontró refugio, armas y respaldo político para proyectar la independencia suramericana. La decisión del gobierno Petro de reabrir la representación diplomática llevaba implícita una deuda histórica. Que esa apuesta se vea enturbiada por denuncias de arbitrariedad y opacidad no es solo un problema de gestión: es una contradicción entre el discurso de la política exterior del cambio y su ejecución cotidiana.
Consultada sobre estos señalamientos, la Cancillería colombiana no se pronunció de manera oficial antes del cierre de esta edición. La embajadora Velásquez, por su parte, ha negado las acusaciones de acoso y sostiene que los cuestionamientos responden a intereses en su contra.
Lo que sí resulta claro, a la luz de los testimonios y documentos disponibles, es que la representación diplomática colombiana en Haití enfrenta una crisis de credibilidad que exige, como mínimo, una rendición de cuentas rigurosa y transparente ante los organismos de control del Estado.
