El Consejo de Estado inadmitió la solicitud de pérdida de investidura presentada en su contra, no porque los hechos sean inválidos, sino porque el demandante llegó al tribunal con el expediente incompleto.
La Sección Tercera del alto tribunal, bajo la ponencia del magistrado Wilson Ramos Girón, determinó que faltaban dos elementos básicos: la certificación que acredite que Ramírez tenía la calidad de senador durante 2021 (año en que ocurrieron los hechos investigados) y la prueba de que el congresista fue formalmente notificado del proceso de pérdida de investidura. Sin eso, el tribunal no puede avanzar.
La Sala le pidió al Consejo Nacional Electoral que en cinco días remita el acto administrativo que declaró electo a Ramírez, de modo que el caso pueda retomarse una vez el demandante subsane lo que falta.
El caso que llegó hasta aquí
La Corte Suprema de Justicia le impuso 23 años de prisión por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, dentro del proceso conocido como “Las Marionetas 2.0”.
Según el fallo penal, todo empezó el 6 de julio de 2021 en el Club Manizales, donde se efectuó una reuni para apoyar la reelección del senador. Lo que siguió fue un esquema de contratos dirigidos: el Departamento de Prosperidad Social suscribió un convenio con la Empresa para el Desarrollo Territorial y desde ahí se adjudicaron obras de infraestructura a empresas cercanas a Ramírez.
“El aforado impartió instrucciones a Pablo César Herrera para la suscripción del Convenio No. 670 de 2021, así como para la adjudicación de los contratos derivados de este, en beneficio de personas previamente definidas por el propio senador, todo ello con miras a la consecución de los objetivos trazados por la organización delictiva”, se lee en la sentencia.
Su defensa sostuvo que actuó dentro de sus funciones parlamentarias. Las pruebas dijeron otra cosa.
Qué sigue
La pérdida de investidura es un proceso autónomo, distinto al penal. Que la condena exista no significa que la curul caiga automáticamente: hay que demostrarlo ante el Consejo de Estado siguiendo sus propias reglas. Y en este caso, esas reglas se incumplieron desde el inicio. El demandante tendrá que volver a presentar la acción con la documentación completa. Solo cuando eso ocurra, la Sección Tercera podrá entrar a analizar si la conducta del senador amerita la sanción política.
Mientras tanto, Ciro Ramírez sigue siendo congresista.
