Columna: HAYYY, PABLITO… ¡LA UNIVERSIDAD NO ES TUYA!

Columna: HAYYY, PABLITO… ¡LA UNIVERSIDAD NO ES TUYA!

Por: Jaime Garciaromero

El caso Jaime Vives y los 23 créditos reconocidos por la Universidad del Magdalena abren un debate que va mucho más allá de un título académico: el de los privilegios, las relaciones de poder y la responsabilidad de quienes administran una institución pública.

Hay instituciones que tardan décadas en construir prestigio y apenas necesitan una decisión cuestionada para ponerlo en entredicho. La Universidad del Magdalena es una de ellas.

Durante años, profesores, estudiantes, trabajadores y distintas generaciones de directivos contribuyeron a levantar una institución que logró conquistar un reconocimiento académico que no llegó por concesión política ni por relaciones de privilegio, sino por el esfuerzo de una comunidad universitaria.

Por eso resulta tan infortunado que hoy su nombre esté asociado a una controversia que exige explicaciones. El reconocimiento de 23 de los 26 créditos de una especialización cursada por Jaime Vives no es un asunto menor.

Estamos hablando del 88,46 % de un programa académico. Una excepcionalidad de semejante dimensión no puede despacharse con explicaciones burocráticas, reglamentos citados a conveniencia ni comunicados institucionales que pretenden dar por cerrado un debate que apenas comienza.

Y aquí aparece Pablo Vera, rector de la Universidad del Magdalena. Porque cuando se está al frente de una institución pública, el cargo no puede convertirse exclusivamente en una plataforma de representación, relacionamiento político y administración de cuotas de poder. Ser rector implica responder por la institucionalidad, proteger la autonomía universitaria y garantizar que las decisiones académicas estén por encima de las relaciones personales, las conveniencias y las presiones de cualquier sector.

La pregunta no es solamente cómo Jaime Vives consiguió ese reconocimiento académico. La pregunta es quién lo hizo posible, bajo qué criterios, con cuáles soportes y quiénes asumieron la responsabilidad de aprobarlo.

Porque los créditos no se reconocen por generación espontánea. Detrás de cada decisión hay procedimientos, conceptos, firmas y funcionarios. Y si todo se ajustó a la legalidad, no debería existir ninguna dificultad para explicarlo públicamente.

Hayyy, Pablito, qué difícil resulta explicar los privilegios cuando se supone que las reglas deben ser iguales para todos.

La visita anunciada por el Ministerio de Educación para el 17 de noviembre, es una oportunidad para que se conozca la verdad documental de lo sucedido.

La autonomía universitaria, tan invocada cuando se cuestionan las decisiones de sus directivos, no significa inmunidad, opacidad ni ausencia de controles. La autonomía pertenece a la institución, no a quienes circunstancialmente ocupan sus cargos de dirección.

Y hay algo que no podemos perder de vista: la responsabilidad no puede terminar descargándose sobre el funcionario de menor rango. Sería demasiado cómodo que, cuando las explicaciones comiencen a escasear, la cuerda termine rompiéndose por el lado del jefe del programa, el decano o algún funcionario que tramitó el expediente.

Si hubo una decisión institucional, debe establecerse toda la cadena de responsabilidades, desde quienes elaboraron los conceptos hasta quienes tuvieron competencia para aprobarlos y supervisarlos.

No se trata de fabricar culpables. Se trata de impedir que la jerarquía funcione como un mecanismo para repartir responsabilidades hacia abajo y conservar intacto el poder hacia arriba.

Pero hay una pregunta todavía más incómoda y que la Universidad debería responder sin rodeos: ¿Jaime Vives fue el primer beneficiario de un reconocimiento de esta naturaleza o existen otros profesionales que obtuvieron tratamientos académicos similares? ¿Cuántos casos se han presentado? ¿Qué criterios se aplicaron? ¿Hubo igualdad de oportunidades? ¿Se reconocieron los mismos derechos a profesionales sin apellidos influyentes, sin relaciones políticas y sin acceso a los círculos donde se toman las decisiones?

Porque si el procedimiento existe y es legítimo, debe estar disponible bajo condiciones objetivas para todos. La universidad pública no puede convertirse en una ventanilla de excepciones para quienes tienen mejores relaciones.

También resulta inevitable preguntarse qué ocurrió con aquella comunidad estudiantil que históricamente levantaba la voz frente a las decisiones que consideraba contrarias a la dignidad de la educación pública.

¿Dónde está la organización estudiantil? ¿Dónde quedó la tradición de movilización, deliberación y pensamiento crítico? La universidad no puede reducirse a ceremonias, fotografías, discursos institucionales y una comunidad académica que observa en silencio mientras se cuestionan decisiones de sus propias autoridades.

Una universidad sin debate crítico corre el riesgo de convertirse en una institución administrada desde arriba, donde la obediencia termina ocupando el lugar que debería corresponderle a la deliberación.

Y es aquí donde la discusión adquiere una dimensión política. La universidad pública no puede perder su independencia frente a las élites económicas y políticas, ni convertirse en un escenario de relaciones sociales donde el reconocimiento institucional termina confundido con la cercanía al poder.

El rector tiene todo el derecho de relacionarse con distintos sectores de la sociedad; lo que no puede hacer es permitir que esas relaciones comprometan la confianza que la ciudadanía deposita en la institución.

Pablo Vera debe entender que la Universidad del Magdalena es mucho más grande que su rectoría. Su historia no comenzó con él y su futuro tampoco puede quedar atado a sus decisiones. La acreditación de alta calidad no es una medalla personal, ni un trofeo para exhibir en los encuentros políticos y sociales. Es un reconocimiento colectivo que debe protegerse con transparencia, rigor académico y responsabilidad pública.

La universidad que tanto esfuerzo necesitó para conquistar ese prestigio no puede terminar pagando el costo reputacional de decisiones que hoy requieren explicaciones.

No sabemos qué concluirá el Ministerio después de su visita. Lo que sí sabemos es que la controversia dejó preguntas que no desaparecerán con un comunicado ni con el paso de los días. Y esas preguntas tienen destinatarios concretos.

Que nadie confunda la defensa de la universidad con la defensa de sus administradores. Defender la Universidad del Magdalena es precisamente exigirles cuentas a quienes la dirigen.

Hayyy, Pablito… la universidad no es tuya. No es de los Vives, no es de los Noguera, no es de ninguna élite ni de ningún círculo de poder. Es de sus estudiantes, de sus profesores, de sus trabajadores y de una sociedad que merece una institución pública donde el mérito no tenga apellido y la excelencia no dependa de las relaciones.

¡Ahora sí, rector, llegó la hora de dar la cara!

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