El Congreso de la República de Colombia aprobó por unanimidad la Ley 485 de 2025 (Cámara) y 113 de 2024 (Senado), que rinde honores y otorga beneficios prestacionales y pensionales a los 22 cadetes que perdieron la vida en el atroz atentado terrorista perpetrado el 17 de enero de 2019 en la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”.
La iniciativa, impulsada por los senadores Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) y Germán Blanco Álvarez (Partido Conservador), modifica la Ley 1998 de 2019 y representa un paso trascendental en el reconocimiento del sacrificio de estos jóvenes y el apoyo a sus familias.
Un ascenso póstumo y reparación integral
La nueva ley autoriza al Gobierno Nacional a conceder un ascenso póstumo excepcional al grado de teniente a los cadetes fallecidos, además de reconocer integralmente los derechos prestacionales y pensionales a sus familiares beneficiarios. El senador Iván Cepeda destacó la importancia de esta medida, señalando que “Este es un homenaje que no es solo simbólico, tiene un componente de reparación a los familiares de los jóvenes y también un ascenso póstumo”.
La normativa busca garantizar que los familiares de los cadetes cuenten con derechos equiparables a los de los oficiales en servicio, incluyendo hasta el 50% de las partidas computables, según el grado otorgado de manera póstuma.
Memoria histórica y compromiso con la no repetición
Durante el debate en el Congreso, el senador Cepeda recordó que el atentado, atribuido al ELN, no solo causó una tragedia irreparable, sino que también impactó negativamente los esfuerzos de paz que se adelantaban en ese momento. “Creo que es una medida de justicia verdadera y de reparación para estas víctimas. Bien vale la pena mantener viva su memoria y rendirles el homenaje que merecen”, enfatizó.
La ley no solo reconoce públicamente los hechos trágicos, sino que también constituye un acto de reparación simbólica. Busca exaltar la labor y el sacrificio de los cadetes, promover la memoria histórica y, fundamentalmente, prevenir la repetición de hechos similares, en línea con los principios de justicia y reparación del derecho internacional humanitario y la Constitución colombiana.
Alcance inclusivo y reconocimiento transnacional
Un aspecto relevante de la ley es que los beneficios no se limitan a los cadetes que estaban en formación activa. También se reconocen derechos a aquellos que, al momento del atentado, se encontraban en licencia remunerada o en comisión de estudios, garantizando que se les aplique el régimen más favorable en términos de prestaciones sociales y pensiones, según su categoría dentro de la Policía Nacional.
Además, la nueva norma ratifica el reconocimiento póstumo de la nacionalidad colombiana a la cadete ecuatoriana Érika Sofía Chico Vallejo, quien también perdió la vida en el atentado. Este gesto subraya el impacto transnacional del ataque y la solidaridad del Estado colombiano con los países hermanos afectados por esta tragedia.
La aprobación unánime de esta ley por parte del Congreso colombiano envía un mensaje contundente de solidaridad, justicia y compromiso con las víctimas del terrorismo, asegurando que su sacrificio no sea olvidado y que sus familias reciban la reparación y el reconocimiento que merecen.
