La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha confirmado la posibilidad de reforzar el esquema de seguridad de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, luego de que emitiera un fallo condenatorio histórico contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión de la UNP se produce en un contexto de intensa polarización y señalamientos hacia la togada, cuya integridad física y funcional se ha convertido en una preocupación central.
Según un comunicado oficial de la UNP, fechado en Bogotá el 28 de julio de 2025, la jueza Heredia ya es beneficiaria de un esquema de seguridad de la entidad. De hecho, la petición inicial de protección por parte de la magistrada se recibió el pasado 11 de febrero de 2025, lo que subraya la previsión ante la relevancia del caso. No obstante, la UNP ha recibido una nueva solicitud por parte de la jueza, lo que ha llevado a una reevaluación de su nivel de riesgo.
Ante la trascendencia del fallo y los hechos sobrevinientes que podrían indicar un aumento en la vulnerabilidad de la jueza, la UNP, en conjunto con la Dirección de Protección de la Policía Nacional, está evaluando estos “hechos recientes”. El propósito central de esta revisión, según el organismo, es garantizar la integridad física y funcional de la jueza Heredia, especialmente en este “momento crítico” que representa un fallo sin precedentes contra un expresidente colombiano.
Esta valoración y el posible fortalecimiento del esquema de seguridad son, según enfatiza el comunicado, parte del mandato institucional de la UNP: proteger a funcionarios judiciales expuestos a amenazas en el ejercicio de sus funciones. La decisión de la UNP también responde a los llamados urgentes de diversas instancias judiciales, como la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), que han solicitado medidas adicionales de protección para la jueza. Carlos Chaparro, juez 46 penal del circuito de conocimiento de Bogotá, había expresado a los medios la necesidad de “doblar” la seguridad de la togada.
El entorno del juicio al expresidente Uribe estuvo marcado por una fuerte tensión política y mediática, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad de todos los actores judiciales involucrados. La UNP subraya que su labor es fundamental para velar por la autonomía de la justicia y la independencia judicial, especialmente en eventos de esta magnitud donde la polarización nacional puede poner a prueba el sistema.
La posible determinación de reforzar el esquema de seguridad de la jueza Sandra Liliana Heredia es un claro indicativo de la seriedad con la que las autoridades toman las amenazas percibidas, buscando garantizar que la justicia pueda operar sin presiones indebidas en casos de alto perfil.
