El presidente Gustavo Petro, ha arreciado sus críticas contra el sistema de salud del país, denunciando un “desfalco” y “robo” masivo por parte de las EPS. Sus acusaciones, que cifran la deuda de estas entidades en más de 100 billones de pesos, encuentran un contundente respaldo en el “Informe: Estado del aseguramiento en salud por parte de las EPS y los programas de salud de las Cajas de Compensación Familiar” de la Contraloría General de la República (CGR), con vigencia a 31 de diciembre de 2024.
Durante una reciente alocución a la nación, el mandatario reprobó la “desinformación salvaje” de algunos medios de comunicación, a los que acusó de tergiversar los hallazgos de la Contraloría sobre la crítica situación financiera del sector salud.
La alarmante deuda de las EPS: una cifra que crece
El eje de la intervención presidencial se centró en la abultada deuda de las EPS con clínicas y hospitales (IPS). El informe de la CGR confirma que, a finales de 2024, la deuda acumulada de 29 EPS por concepto de costos en salud ascendía a $32.9 billones de pesos. Sin embargo, Petro sostiene que esta cifra está subestimada, sugiriendo que la deuda real, ajustada por factores históricos y de inflación, podría superar los 100 billones de pesos.
El documento de la Contraloría revela que, para 2024, Nueva EPS lidera la lista de deudores con un total de $9.270.672 millones, consolidándose como la entidad con la mayor carga financiera. En 2023, la deuda conjunta de 26 EPS, sumando sus obligaciones con IPS y el pasivo de reservas técnicas, alcanzaba los $25 billones de pesos, con Nueva EPS reportando ya $6.755.749 millones.
Millones “desaparecidos”: La trazabilidad de los fondos en cuestión
El presidente Petro presentó datos que, según la CGR, evidencian graves irregularidades en el manejo de los recursos. La Contraloría ha corroborado que, si bien la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) giró $87.89 billones de pesos en concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC) a 29 EPS hasta el 31 de diciembre de 2024, estas entidades solo reportaron ingresos por aproximadamente $85.18 billones de pesos. Esta diferencia de $2.71 billones de pesos será objeto de una profunda investigación por parte del organismo de control para esclarecer su destino.
Más allá de esta discrepancia, informes de la CGR sobre el uso de recursos públicos en salud han identificado cifras millonarias “sin claridad sobre uso y destino”: $14.28 billones de pesos en 2020, $3.68 billones en 2021, $1.08 billones en 2022 y $4.22 billones en 2024 (incluyendo copagos y cuotas moderadoras). La Contraloría ha documentado hallazgos fiscales por $6 billones de pesos en 24 EPS por presunta destinación indebida de recursos de la UPC en 2020, y ha iniciado indagaciones preliminares por otros $5.3 billones de pesos con incidencia fiscal.
El rol de las intervenciones y la no deuda del Gobierno
El presidente Petro ha sido enfático al reiterar que el Gobierno Nacional NO tiene deudas con las EPS, desmintiendo así narrativas difundidas por otros sectores. El informe de la Contraloría respalda esta postura, mostrando que las intervenciones gubernamentales en las EPS han logrado una reducción total de su deuda en un 3.7% ($707.852 millones) entre 2023 y 2024. En contraste, las EPS no intervenidas han experimentado un alarmante aumento del 101.9% ($5.472.730 millones) en su deuda durante el mismo período, lo que, según el mandatario, configura un “robo”.
Un historial de corrupción y la imperiosa necesidad de una Reforma
La actual crisis del sistema de salud se inscribe en un preocupante historial de corrupción. El informe de la Contraloría General de la República detalla casos emblemáticos como el de Saludcoop, donde se desviaron $1.4 billones de pesos, un desfalco catalogado como el más grande en la historia del país hasta ese momento. Asimismo, se hace referencia al “Cartel de la hemofilia” en Córdoba, que drenó $50.000 millones de pesos a la salud mediante IPS de papel y pacientes inexistentes.
El presidente Petro enfatizó la urgencia de una reforma al sistema de salud, calificando el modelo actual, regido por la Ley 100, como “estructuralmente insostenible”. Las propias recomendaciones de la CGR, detalladas en su informe, apuntan a la necesidad de:
- Reglamentar el cálculo del gasto administrativo y el uso de la UPC.
- Diseñar e implementar un sistema integral de auditoría sobre cuentas médicas.
- Establecer mecanismos de giro directo y publicar informes de trazabilidad de los recursos.
- Reforzar los criterios técnicos y financieros para las medidas de intervención.
- Exigir a las EPS la trazabilidad y justificación técnica de los recursos administrados.
Finalmente, el informe de la Contraloría también señala que las EPS intervenidas presentan un porcentaje ligeramente mayor de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) (45.33%) en comparación con las no intervenidas (40.91%). Si bien la diferencia no es abismal, “deja ver que el sistema general de salud (INTERVENIDO Y NO INTERVENIDO) efectivamente está fallando en cuanto a la prestación de un servicio oportuno y con calidad”.
El presidente Petro concluyó su alocución reiterando que los fondos desaparecidos constituyen un “crimen de lesa humanidad” que exige investigación y persecución, e instó al Senado a aprobar la reforma a la salud para asegurar un sistema que priorice la vida y el bienestar de los colombianos por encima del lucro.
