La margen izquierda de Montería lleva semanas bajo el agua. Cientos de familias han visto sus hogares inundados, sus enseres destruidos y su cotidianidad arrasada por una emergencia que no distingue de ideologías ni de temporadas electorales. Sin embargo, cuando el Concejo Municipal tuvo la oportunidad de actuar, una decisión política lo impidió.
El pasado 20 de octubre, en plena sesión del cabildo monteriano, se discutía un proyecto orientado a agilizar la entrega de ayudas inmediatas a los damnificados de la margen izquierda del municipio. La iniciativa no buscaba reformar el Estado ni reescribir presupuestos: era una medida de emergencia, concreta y urgente, diseñada para llevar alivio rápido a quienes más lo necesitaban. No obstante, el concejal vinculado políticamente a Juan David Rangel —conocido en los círculos locales como el 20— se opuso a la misma, bloqueando su curso en el momento más crítico.
Rangel, quien ejerce una influencia reconocida sobre su pupilo político Emery Hernández, habría orientado esa posición desde las bambalinas del poder local. Una jugada que, a la luz de los hechos posteriores, resulta difícil de justificar ante la ciudadanía.
El agua no espera sesiones ni cálculos
La situación en la margen izquierda de Montería no ha hecho más que agravarse. Lo que pudo haberse atendido con mayor celeridad institucional se convirtió en una crisis prolongada, en parte por la dilación política en el órgano de control local. Mientras el Sinú seguía su curso destructivo, desde el Concejo se prefirió el freno burocrático al socorro humano.
Este contraste entre la urgencia en las calles y la parsimonia en el recinto oficial quedó dramáticamente expuesto cuando Lenin Masón se presentó directamente en el Concejo acompañado por un grupo de damnificados. No llegaron con pancartas partidistas ni arengas ideológicas: llegaron a hablar de agua dentro de sus casas, de pérdidas materiales y de un abandono que sienten en carne propia. La escena puso en evidencia la brecha que, en ocasiones, separa a los representantes del pueblo de quienes los eligieron.
Voces aliadas al servicio del desprecio
A la parálisis institucional se suma otro fenómeno igualmente preocupante: la narrativa que circula en algunos espacios radiales locales, entre ellos emisoras como La Costeña, donde voces cercanas al establecimiento político habrían intentado minimizar la magnitud de la crisis o desacreditar a las personas afectadas. Restar credibilidad a quienes han perdido su vivienda no es una postura informativa; es, en el mejor de los casos, una operación de encubrimiento político.
Trivializar el dolor de una comunidad entera desde la comodidad de un micrófono dice mucho sobre las prioridades de quienes lo hacen.
La memoria ciudadana, el verdadero árbitro
En la política local, los movimientos de fichas suelen tener consecuencias de corto plazo. Lo que a veces se olvida es que las comunidades afectadas tienen memoria larga. Juan David Rangel puede haber considerado que una concesión menor bastaría para mantener su influencia intacta, pero la realidad de la margen izquierda inundada es un recordatorio permanente de lo que ocurrió el 20 de octubre en el Concejo.
Cuando las aguas bajen y Montería comience a contabilizar daños, también comenzará a contabilizar responsabilidades. Y en ese ejercicio ciudadano, los nombres de quienes eligieron el cálculo político sobre el socorro humano estarán escritos con tinta indeleble.
La pregunta que queda sobre la mesa es sencilla y brutal a la vez: ¿cuánto le costó a las familias esa decisión tomada en el Concejo?
