Catorce años después del feminicidio de Rosa Elvira Cely su hija Juliana y su hermana Adriana rompieron el silencio para lanzar graves acusaciones contra Abelardo de la Espriella, abogado penalista y hoy candidato a la presidencia de la República. En declaraciones recogidas por el informativo Noticias Uno, ambas mujeres cuestionaron el papel que el candidato presidencial de extrema derecha se atribuye en la historia del caso y lo acusaron de haberse beneficiado de forma desproporcionada de la indemnización que el Estado colombiano pagó por sus fallas institucionales.
El contrato que partió la relación en dos
Según la versión de la familia, la ruptura con De la Espriella se produjo cuando el abogado propuso un acuerdo en el que el dinero de la reparación económica debía ser consignado primero en una cuenta bancaria a su nombre. Adriana Cely rechazó firmar ese documento. A partir de ese momento, señalan, el trato del jurista se volvió hostil: llegó a decirle a Juliana que ella “no tenía ni idea de qué era justicia”, frase que la joven describió como una forma de revictimización. La desvinculación definitiva habría ocurrido tras episodios de maltrato hacia la abuela y la tía de la víctima.
El resultado económico de ese proceso, denuncian, fue que la familia recibió únicamente el 10 % de la indemnización total otorgada por el Estado, mientras que el 90 % restante quedó en manos del abogado. De la Espriella no ha emitido hasta el momento ninguna declaración pública frente a estas acusaciones específicas.
“El dolor que hemos vivido por 14 años no puede ser un instrumento para que alguien logre llegar a la presidencia.” — Juliana Cely, hija de Rosa Elvira Cely
La disputa por la autoría de una ley histórica
El conflicto tomó dimensión pública luego de que De la Espriella, en el contexto de una controversia por presunto acoso sexual hacia una periodista, argumentara en su defensa haber sido el principal impulsor de la ley que tipificó el feminicidio en Colombia, apoyándose en su rol como representante legal de la familia durante el juicio contra el agresor Javier Velasco. La respuesta de los Cely fue contundente: señalaron que la gestación y redacción de esa normativa fue un trabajo exclusivo de organizaciones feministas y colectivos de mujeres, y que el abogado no participó en ninguna etapa del proyecto legislativo.
“No es justo que una persona se apropie de un trabajo de las mujeres, para las mujeres y por las mujeres”, enfatizaron. Para la familia, el precandidato sí logró la condena penal del femicida, pero eso es distinto a haber construido el marco legal que protege hoy a miles de mujeres en el país.
Uso político de su tragedia
Con la campaña presidencial de 2026 en pleno desarrollo, Juliana Cely expresó su rechazo a lo que considera una instrumentalización de su historia. Manifestó sentir “asco” al ver cómo el dolor de su familia y la bandera del feminismo son utilizados para rehabilitar la imagen pública del precandidato. “Como víctimas teníamos el derecho de elegir con quién íbamos a hacer ese proceso tan importante”, recordó, subrayando que el legado de Rosa Elvira pertenece a un movimiento colectivo, no a la trayectoria individual de ningún abogado.
