La anulación del Decreto 1500 de 2018 por parte del Consejo de Estado encendió las alarmas de organizaciones indígenas, sociales y ambientales en todo el país. El decreto, que reconocía la Línea Negra como límite espiritual y cultural del territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, fue el principal instrumento jurídico que blindaba la Sierra Nevada de Santa Marta frente a la presión extractivista y el deterioro ambiental. Su desaparición del ordenamiento jurídico no tardó en generar reacciones políticas de alto voltaje.
Una de las voces más enfáticas en el rechazo fue la de Patricia Caicedo, candidata al Senado por el Pacto Histórico, quien no dudó en calificar la sentencia como un golpe directo a los derechos territoriales, culturales y espirituales de los pueblos originarios de la Sierra. “Esta decisión no es un hecho aislado ni una simple discusión jurídica. Es una decisión con profundas consecuencias políticas, ambientales, culturales y espirituales”, advirtió la candidata.
Un territorio que vale mucho más que una montaña
La Sierra Nevada de Santa Marta no es un accidente geográfico cualquiera. Es el reservorio de agua dulce más importante de la región Caribe colombiana, uno de los puntos de mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado en el mundo y el hogar de un sistema de conocimiento ancestral que durante siglos ha sostenido una relación de equilibrio con la naturaleza. Para los pueblos que la habitan, cada sitio sagrado demarcado por la Línea Negra representa un nodo espiritual que sostiene ese equilibrio.
Desde esa perspectiva, Caicedo subrayó que la decisión del alto tribunal no solo vulnera compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental y de lucha contra el cambio climático, sino que también desconoce la palabra de los mamos —autoridades espirituales de las comunidades— y borra siglos de memoria ancestral. “Desconocer la Línea Negra es desconocer la relación profunda entre naturaleza y cultura que hoy el mundo dice querer aprender”, enfatizó.
El riesgo extractivista sobre la mesa
Más allá del impacto cultural y espiritual, Caicedo advirtió que la anulación del decreto abre la puerta a intereses económicos que históricamente han presionado sobre el macizo. El conflicto armado, el desplazamiento forzado, las economías ilegales y la presión extractivista ya han dejado heridas profundas en la Sierra. Sin el respaldo jurídico del Decreto 1500, el territorio quedaría expuesto a nuevas formas de depredación ambiental que el Estado tendría menos herramientas legales para frenar.
En ese sentido, la candidata fue contundente al señalar que el decreto no era un privilegio otorgado a los pueblos indígenas, sino un instrumento mínimo de justicia histórica. “Anularlo es desproteger deliberadamente un sistema vivo que regula el agua, la biodiversidad y el clima en amplias zonas del Caribe colombiano”, sostuvo.
Respaldo a Petro y llamado al Congreso
Caicedo también expresó su respaldo al presidente Gustavo Petro por asumir con urgencia la defensa de la Sierra Nevada frente al fallo del tribunal. “Defender la Sierra es defender el futuro de Colombia y del planeta”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a construir desde el Congreso una bancada comprometida con la protección del territorio y los derechos de los pueblos originarios.
La candidata fue clara en que la Línea Negra no puede ser el único instrumento de protección disponible. Según su postura, la defensa integral de la Sierra Nevada debe convertirse en un mandato obligatorio para todas las instituciones del Estado, con una base jurídica sólida que no quede a merced de interpretaciones cambiantes.
Una causa colectiva de cara a las elecciones
De cara al 8 de marzo, Patricia Caicedo convocó a la ciudadanía a convertir la defensa de la Sierra Nevada en una causa política colectiva, y anunció que acompañará todas las acciones legales, políticas y sociales necesarias para restaurar la plena protección de la Línea Negra. “La Sierra no se rinde, la vida no se negocia y el futuro se defiende con decisión política”, concluyó.
La decisión del Consejo de Estado sigue generando debate en el país. Lo que está claro es que el futuro de uno de los ecosistemas más valiosos de América Latina dependerá, en buena medida, de la voluntad política que exista para blindarlo desde las instituciones del Estado.
