Una revelación sacude la candidatura de Abelardo De La Espriella: su firma de abogados, DE LA ESPRIELLA LAWYERS, estableció un contrato directo con Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, identificado por las autoridades como uno de los mayores contrabandistas activos en Colombia. El vínculo contractual fue reconocido por el bufete del hoy candidato presidencial.
El contrato: marzo de 2020
Según la información revelada por los audios relacionados con Marín, la firma asumió su representación jurídica en marzo de 2020. El objeto del contrato contemplaba gestiones ante la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) para verificar si existían investigaciones o procesos en curso contra el contrabandista. En otras palabras, la firma de De La Espriella actuó como apoderado de quien hoy las autoridades señalan como articulador de redes de contrabando que habrían operado durante años mediante el soborno sistemático a funcionarios públicos, consolidando una estructura ilegal de amplio alcance nacional.
La defensa de De La Espriella Lawyers
Desde la firma han intentado atenuar el impacto del caso argumentando que, al momento del contrato, Diego Marín no registraba imputaciones activas y que su actuación se enmarcó en el ejercicio legítimo. Sin embargo, el argumento ha resultado insuficiente ante la opinión pública, puesto que la asociación con una figura hoy catalogada como el “zar del contrabando” genera nuevamente cuestionamiento para un candidato que busca posicionarse como garante de la legalidad.
Un historial cuestionado
El caso de ´Papá Pitufo’ no es un episodio aislado en la trayectoria profesional de De la Espriella. A lo largo de su carrera, su firma ha representado a figuras envueltas en algunos de los escándalos más resonantes de la vida pública colombiana. Entre los nombres asociados al bufete figuran Alex Saab, empresario ligado al régimen venezolano de Nicolás Maduro; los hermanos Nule, protagonistas del carrusel de contratación en Bogotá; David Murcia Guzmán, conocido como DMG y fundador de una de las captadoras ilegales de dinero más grandes del país; y las excongresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda, vinculadas a escándalos de parapolítica
