Consejo de Estado: periodista Ricardo Calderón habría comprado información de inteligencia a un integrante de la Fuerza Pública.

Consejo de Estado: periodista Ricardo Calderón habría comprado información de inteligencia a un integrante de la Fuerza Pública.

Un fallo del Consejo de Estado del 11 de abril de 2019, radicado 11001-03-25-000-2011-00214-00 (0741-11), menciona al periodista Ricardo Calderón, entonces vinculado a la revista Semana, en medio del análisis de las “chuzadas” de la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL). El documento, que circula en redes sociales como supuesta prueba de que Calderón compró información reservada, no contiene esa conclusión. Su alcance es considerablemente más limitado.

El proceso de fondo: la destitución de un general

La Subsección A de la Sección Segunda, con ponencia del consejero William Hernández Gómez, resolvió la demanda del general (r) Guillermo Julio Chávez Ocaña, director de Inteligencia de la Policía entre 2004 y mayo de 2007. Chávez Ocaña pedía anular la sanción de destitución e inhabilidad general de 16 años que le impuso la Procuraduría el 16 de febrero de 2008, confirmada el 5 de junio de ese año. La sanción derivó de la publicación, por parte de Semana, de comunicaciones captadas a desmovilizados de las AUC en Santa Fe de Ralito y en la cárcel de Itagüí, entre ellas conversaciones con funcionarios del Gobierno y figuras públicas.

El Consejo de Estado mantuvo buena parte de la sanción. Concluyó que las actividades de la DIPOL no se ajustaban al ordenamiento porque interceptaban y registraban comunicaciones privadas sin orden judicial, lo que desconocía el artículo 15 de la Constitución, y consideró que el director debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a los reglamentos internos que amparaban esa práctica. También confirmó el cargo por omitir la investigación disciplinaria contra la intendente jefe Aliesneider Gómez Rondón, administradora de los servidores informáticos, quien habría borrado una carpeta con información sobre su hermano. En cambio, anuló parcialmente los actos de la Procuraduría respecto del segundo cargo, por las fallas de seguridad en los sistemas de información, al considerar que la conducta era atípica. Negó además la violación del derecho a la igualdad y dejó intacta la graduación de la sanción.

Dónde aparece Calderón y qué dice el texto

La primera mención está en el resumen de la demanda, en la página 8 del documento. Allí se recoge lo que sostuvo el apoderado de Chávez Ocaña: que el patrullero Elkin Oviedo Bueno, “encargado directo del monitoreo”, había confesado vender información de inteligencia al periodista Ricardo Calderón de Semana y fue capturado por filtrarla, mientras la Procuraduría atribuía la filtración a Gómez Rondón. Esa es la versión de una de las partes en el proceso.

La segunda referencia, ya en las consideraciones del tribunal (página 59), es más cautelosa. El Consejo de Estado afirma que al expediente disciplinario se aportó prueba de que “al parecer” Oviedo Bueno, analista preliminar de las comunicaciones en el Subgrupo de Señales, había sido involucrado en un proceso penal porque “presuntamente” habría vendido información a un periodista de Semana. Esa prueba fue allegada el 13 de mayo de 2008, cuando ya se había expedido el acto sancionatorio y estaban pendientes los recursos de reposición.

El tribunal usó ese dato para un fin preciso: descartar que Chávez Ocaña hubiera permitido el acceso de personas no autorizadas a la información, por lo que ese cargo no se configuraba. No evaluó la conducta de ningún periodista ni ordenó compulsar copias en su contra.

Lo que muestra el registro de la Rama Judicial

La nota al pie 123 de la sentencia remite al proceso penal, radicado 05045-60-00324-2008-80029-00, tramitado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Según el fallo, Oviedo Bueno fue condenado por concierto para delinquir y cohecho propio “por haber vendido información de inteligencia a miembros de grupos armados al margen de la ley”. Es decir, el tribunal describe el delito como una venta a grupos ilegales, no a un medio de comunicación.

Las anotaciones del proceso en la Rama Judicial indican que el 14 de abril de 2008 el Juzgado Promiscuo Municipal de Apartadó le impuso medida de aseguramiento y le formuló imputación por concierto para delinquir agravado, como cómplice de cohecho propio. Más adelante, el expediente fue remitido a los juzgados penales del circuito de Apartadó por competencia. El 14 de noviembre de 2008 fue condenado a cinco años y seis meses de prisión, multa equivalente a 3.020 salarios mínimos e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por siete años y seis meses, sin suspensión condicional ni prisión domiciliaria. En octubre de 2012 se registró su liberación definitiva, y el asunto fue archivado el 30 de noviembre de ese año. En ninguna de esas anotaciones figura el nombre de Calderón.

Una lectura que va más allá del documento

El mensaje que acompaña la circulación del fallo sostiene que la sentencia señala a Calderón como comprador de información reservada, que ello constituiría cohecho y que sus informes de fin de semana en Caracol deberían ser investigados. Ninguna de esas afirmaciones aparece en la providencia. El Consejo de Estado no imputa delito alguno al periodista, no lo identifica como parte del proceso penal y se limita a recoger una referencia indirecta sobre el origen de una filtración, que además califica de presunta.

La reserva de la fuente, por su parte, es una garantía asociada al ejercicio del periodismo en Colombia, y la sentencia no la pone en discusión. Cualquier eventual investigación sobre la obtención de información por parte de un comunicador corresponde a las autoridades competentes y requiere pruebas que este fallo no contiene.

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