Santa Marta ha estado en el ojo del huracán tanto de las noticias nacionales como internacionales, el paro armado que no logró desactivar el Gobierno Nacional disparo la atención mundial durante toda la semana anterior.
Y ahora, vuelve a estarlo por otra mala noticia para los samarios. En su tercera visita a la ciudad en menos de una semana, sin ningunos resultados concretos en materia de seguridad y menos en materia de inversiones y planes estructurales para solucionar las problemáticas que aquejan a la llamada Perla del Caribe.
De la Espriella sorprendió a los asistentes al Consejo de Seguridad al anunciar que el proyecto de plantas desalinizadoras de Santa Marta, “no va, porque técnicamente no es viable”, afirmó categóricamente.
Esta advertencia hecha en Santa Marta encendió nuevamente las alarmas en una ciudad que lleva décadas esperando una solución estructural a su crisis de abastecimiento de agua.
La mala noticia resulta de manera especial significativo porque unas semanas atrás, el alcalde Carlos Pinedo Cuello, con una sonrisa en su rostro informó que el proyecto se había destrabado y avanzaría hacia una nueva etapa.
En medio de esta incertidumbre, la Veeduría Ciudadana de los Servicios Públicos de Santa Marta y del Magdalena – VECISERPU hizo un llamado público en el que exige garantías para que los recursos destinados a la solución del problema del agua permanezcan vinculados a ese propósito.
Para la organización ciudadana el debate no puede reducirse solo a defender o rechazar la tecnología de desalinización, sino que debe responder preguntas fundamentales: ¿qué estudios determinaron que el proyecto dejó de ser viable?, ¿qué cambió frente a las evaluaciones que permitieron estructurarlo?, ¿qué alternativa lo reemplazará?, ¿cuánto costará y cuándo estará funcionando? Y si el gobierno los tiene que los de a conocer para la tranquilidad de los ciudadanos.
La plata: El centro de la controversia
De acuerdo con lo informado por VECISERPU, el punto principal de su preocupación está en los recursos públicos comprometidos para el proyecto. Los cuales están contemplados en El CONPES 4159 de 2025 que declaró de importancia estratégica la construcción de dos plantas desalinizadoras para Santa Marta y determinó inversiones por $786.032 millones entre 2026 y 2030. El proyecto fue concebido para aumentar la oferta de agua potable de la ciudad y Taganga frente al riesgo estructural de desabastecimiento, de acuerdo con lo expresado por Planeación Nacional en un estudio sobre el tema.
El propio Ministerio de Vivienda anunció en junio de 2026 el inicio del proceso de selección para contratar la construcción de la infraestructura desalinizadora. Posteriormente, en agosto, el alcalde Carlos Pinedo se reunió con el Gobierno Nacional para revisar los proyectos de agua y alcantarillado, y desde el Distrito se aseguró que las desalinizadoras continuarían avanzando.
Por eso, la indignación de los ciudadanos y el cambio anunciado este 25 de septiembre plantea un interrogante político y administrativo de fondo: si el proyecto dejó de ser viable, ¿qué documento técnico modificó las conclusiones anteriores y qué ocurrirá jurídicamente con los recursos que ya fueron incorporados para esta finalidad?
La solución a este problema estructural de la ciudad se ha convertido en el caballo de batalla de los últimos presidente y alcaldes y no comenzó con el actual Gobierno Nacional. Durante décadas distintas administraciones nacionales y distritales han anunciado obras, estudios, alternativas y proyectos para enfrentar el déficit hídrico.
La ciudad ha pasado por propuestas basadas en nuevas captaciones, conducción desde otras fuentes, optimización del sistema, asociaciones público-privadas y, más recientemente, desalinización.
Durante la administración de Gustavo Petro, el Gobierno Nacional presentó en 2025 una estrategia integral de agua y saneamiento para Santa Marta por aproximadamente $1,2 billones, que incluía las dos plantas desalinizadoras y la formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. El CONPES 4159 convirtió posteriormente las desalinizadoras en un proyecto estratégico de la Nación y es allí donde radica la molestia de los ciudadanos y de todas las fuerzas vivas de la ciudad.
Ahora, con Abelardo de la Espriella, el proyecto vuelve al punto de discusión. Es decir, se regresa a cero y se arrasa con todos los estudios anteriores que habían avalado el proyecto de las plantas desalinizadoras.
Con esta decisión crece la incertidumbre porque es comenzar de nuevo y eso regresa 30 años atrás. La diferencia esta vez es que ya existía una ruta institucional, recursos proyectados y un proyecto declarado estratégico.
¿Y dónde está el alcalde Carlos Pinedo?
La decisión también pone bajo presión política al alcalde Carlos Pinedo Cuello, quien durante los últimos meses había presentado las desalinizadoras como parte de la estrategia para enfrentar el déficit de agua de Santa Marta.
En agosto, su administración informó que se había reunido con el Ministerio de Vivienda para avanzar en las desalinizadoras y otros proyectos del Plan Maestro; incluso el gerente de Infraestructura del Distrito aseguró que el proyecto se había reactivado y que se esperaba avanzar hacia su contratación.
Por eso, la pregunta que hoy se hacen sectores ciudadanos no es solamente dónde está el alcalde, sino cuál será la posición institucional del Distrito frente al cambio anunciado por el Gobierno Nacional; si defenderá la continuidad de los recursos y exigirá una explicación técnica completa, o si aceptará que la ciudad vuelva a comenzar el ciclo de estudios, anuncios y promesas que durante décadas ha acompañado la crisis del agua.
En ese caso, el pronunciamiento de la veeduría plantea cinco exigencias concretas: conocer el soporte técnico, administrativo, financiero y jurídico de la decisión; establecer la situación de los $786.032 millones y las vigencias futuras; identificar la alternativa que sustituirá las desalinizadoras; establecer una ruta y cronograma verificables; y garantizar transparencia y participación ciudadana.
El planteamiento central es contundente: si cambia la obra, no pueden desaparecer ni la solución ni los recursos destinados a resolver el problema del agua. Y allí está precisamente el nuevo pulso político que se abre para Santa Marta. El Gobierno Nacional tiene la potestad de replantear una política pública cuando existan razones técnicas que lo justifiquen, pero una decisión de esa magnitud exige explicaciones públicas, documentos verificables y una alternativa concreta.
Lo que Santa Marta no puede permitirse es que cada nuevo Gobierno vuelva a prometer la solución definitiva mientras los samarios continúan cargando con el costo de una crisis que lleva décadas.
La pregunta queda sobre la mesa: ¿se cayó una obra o se cayó nuevamente la promesa de que Santa Marta tendrá, por fin, una solución definitiva al agua?
