La noticia anda de boca en Boca, de rincón en rincón, de mentidero en mentidero, de barrio en barrio. En Santa Marta ya no basta con preguntarse quién garantiza la seguridad. La pregunta es mucho más preocupante: ¿quién tiene realmente el control de la ciudad? y mucho menos a quien pedirle ayuda.
De acuerdo con cifras de la misma Policía Nacional y divulgadas por la congresista del Pacto Histórico, Patricia Caicedo, en lo que va del año 2026 se han reportado tres fugas masivas de centros de detención: Una involucró a 34 personas (La Norte); y se registró el 16 de marzo, la otra a 25 retenidos, (¿Centro Provisional?, fue el 4 de junio y luego la de 41 recluso (Centro Transitorio Sur); el pasado 12 de octubre. La cifra es aterradora y desalentadora para cual territorio y para un mandatario preocupado por lo que suceda en su ciudad, menos para el alcalde Cuello Pinedo: ¡Cien fugados en apenas siete meses! Una cifra escalofriante que obliga a revisar toda la estructura de seguridad de la capital del Magdalena y la región norte de este departamento.
De todos es conocido que el presidente Abelardo de la Espriella llegó a Santa Marta con discursos de autoridad, promesas de recuperar la tranquilidad y video virales hecho para el momento como una puesta en escena en el barrio Cristo Rey, cuando todos dormían. Con revolver al cinto salió corriendo acompañado por un grupúsculo. Pero la realidad terminó desafiando sus anuncios.
Durante el paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Gobierno intentó transmitir normalidad mientras las amenazas paralizaban actividades económicas y sembraban temor entre los ciudadanos. La estructura criminal liderada por alias Pinocho exhibió su capacidad de intimidación territorial. El Estado anunció control, pero los hechos dejaron al descubierto la fragilidad de su presencia.
¿Y el alcalde Carlos Pinedo Cuello? ¿Dónde están los resultados de tantos consejos de seguridad, anuncios y estrategias? Santa Marta continúa enfrentando homicidios, extorsiones, amenazas y una preocupante disputa entre organizaciones armadas por el control territorial y las rutas del narcotráfico. La gobernadora Margarita Guerra tampoco puede limitar su responsabilidad a declaraciones institucionales. La seguridad exige coordinación entre los tres niveles de gobierno, prevención y resultados que la ciudadanía pueda comprobar.
Lo sucedido este 12 de octubre resulta de manera especial muy grave. Entre los 41 fugados figuran alias Guajiro, señalado de participar en el asesinato de un policía, y alias Mongolo, presuntamente vinculado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La salida del comandante de la Policía no puede convertirse en la única respuesta. ¿Cómo escaparon? ¿Quién debía vigilarlos? ¿Fallaron los protocolos o existieron complicidades? Son preguntas que requieren una investigación seria de la Fiscalía.
Y mientras la inseguridad golpea y campea por las calles de Santa Marta, también amenaza la economía. La Cámara de Comercio estimó pérdidas de $39.590 millones diarios durante la crisis de septiembre. El turismo, principal motor económico de Santa Marta, enfrenta un escenario de incertidumbre. La reciente semana de receso escolar merece un balance riguroso para determinar cuánto afectaron las condiciones de seguridad la llegada de visitantes y la ocupación hotelera.
Presidente De la Espriella, alcalde Pinedo y gobernadora Guerra, Santa Marta necesita respuestas. No se puede hablar de tranquilidad mientras persisten las amenazas, que generan miedo y zozobra, se disputan los territorios y se producen fugas masivas de delincuentes peligrosos. Los discursos no sustituyen las investigaciones, las capturas ni el desmantelamiento de las estructuras criminales.
Señor alcalde Pinedo, la ciudad y los samarios necesitan recuperar la confianza en sus instituciones, proteger su economía y garantizar que sus habitantes puedan vivir sin miedo.
Lo grave sigue siendo que cien reclusos logren escaparse en un tiempo de 10 meses. Entonces, la pregunta ya no es solamente quién se fugó, sino qué está fallando en las instituciones encargadas de impedirlo. Y esa respuesta no puede seguir esperando.
