Tres días bastaron para golpear con fuerza el aparato productivo de la capital del Magdalena. El paro armado decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) entre el 22 y el 25 de septiembre dejó una factura acumulada que se acerca a los $95.000 millones de pesos, muy por encima del cálculo preliminar de $118.770 millones que había proyectado la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena en las primeras jornadas de la crisis.
La diferencia entre ambas cifras no es menor. El primer cálculo, basado en una afectación diaria estimada de $39.590 millones, en cambio, el balance definitivo, desagrega el impacto por sectores y arroja una caída acumulada superior al 55% en las actividades de la ciudad, con el comercio al por mayor y al detal como el más golpeado: entre $32.000 y $38.000 millones en pérdidas, producto del cierre preventivo de locales en el Mercado Público y el Centro Histórico.
El turismo, la hotelería y la gastronomía —sectores que sostienen buena parte de la economía samaria— reportaron entre $22.000 y $28.000 millones en pérdidas, con cancelaciones masivas de reservas y la paralización de los recorridos hacia el Parque Tayrona, justo en plena temporada alta. El transporte y la logística sumaron entre $14.000 y $18.000 millones, afectados por la quema de vehículos y el temor de los conductores a circular por la Troncal del Caribe.
El golpe más severo, sin embargo, recayó sobre la economía informal. Vendedores ambulantes, transportadores independientes y microempresarios que dependen del ingreso diario perdieron entre $8.000 y $11.000 millones, en un sector donde, según la Cámara de Comercio, cerca del 60% de la población afectada no cuenta con ningún tipo de respaldo formal.
Santa Marta concentra el 42,2% de la economía del Magdalena y agrupa alrededor de 22.435 empresas y establecimientos, por lo que los tres días de paro le costaron a ciudad cerca de USD $23,5 millones.
Paro en la ‘era del Tigre’
El 21 de septiembre, horas antes de que la ACSN hiciera efectiva su amenaza, Abelardo de la Espriella afirmó públicamente que “nadie va a hacer paro armado en la era del Tigre”. Menos de 24 horas después, comerciantes intimidados, vehículos incinerados y calles vacías dieron por tierra la tan contundente esa promesa presidencial.
De La Espriella respondió con el despliegue de patrullajes militares y un consejo de seguridad en la propia ciudad, hecho que s administración presentó como una victoria táctica en contra de quienes pretendían imponer su ley en la capital del Magdalena. No obstante, dicha estrategia se concentró más en proyectar control institucional que en ofrecer garantías reales a cerca 500.000 samarios, quienes terminaron asumiendo el costo del encierro.
Con el tránsito restableciéndose de manera progresiva y el comercio reabriendo sus puertas a media marcha, Santa Marta inicia un complejo proceso de reactivación, la discusión que queda abierta no es únicamente cuánto dinero dejó de circular, sino cuánto tiempo necesitará Santa Marta, en la ‘era del Tigre’, para recuperar la confianza de comerciantes, trabajadores y turistas después de que una estructura criminal consiguiera paralizarla por 72 horas.
