En una decisión que polariza el panorama judicial y político del país, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, revocando la condena de 12 años de prisión domiciliaria que había sido dictada en julio de 2025.
El fallo del Tribunal, que fue adoptado por mayoría, sienta un precedente crítico al declarar ilegales las interceptaciones telefónicas efectuadas entre Uribe y su exabogado Diego Cadena. Según el magistrado ponente, Manuel Antonio Merchán, estas grabaciones representaron una “vulneración al derecho a la intimidad,” desestimando una prueba que había sido pieza clave en la acusación inicial.
Los argumentos para la absolución de Uribe
El análisis exhaustivo del Tribunal se centró en la falta de pruebas directas que vincularan al exmandatario con la inducción al falso testimonio, desvirtuando los cargos de soborno a testigos:
- Soborno a Testigos: No se encontraron pruebas que demostraran que Uribe indujo a su abogado a mentir en el caso de Carlo Vélez, alias ‘Víctor’. De hecho, el Tribunal pidió investigar a ‘Víctor’ por falso testimonio. Similarmente, en el caso de Eurídice Cortés, alias ‘Diana’, no se probó que el dinero recibido fuera entregado por orden directa del expresidente. Respecto al testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, el Tribunal concluyó que no existen pruebas de que Uribe haya ordenado ofrecer beneficios para que este mintiera.
- Fraude Procesal: El Tribunal criticó la investigación previa, señalando que la entrevista realizada por el senador Iván Cepeda a varios presos fue sesgada, pues no se limitó a indagar sobre fosas comunes sino que incluyó la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe (ver video). Además, se advirtió un déficit en el análisis de contexto en la primera instancia, discrepancias en las declaraciones de los exparamilitares y una falta de sustento probatorio para la conclusión de que los reclusos hubiesen sido “adoctrinados”.
La Magistrada que salvó su voto: “Confirmar la condena”
La decisión no fue unánime. La magistrada Leonor Oviedo salvó su voto, expresando su profundo desacuerdo con la absolución y, en particular, con la nulidad de las interceptaciones.
Oviedo sostuvo que las grabaciones debían mantener su validez y eficacia jurídica, pues fueron obtenidas legalmente bajo la figura de un “hallazgo imprevisto” y no afectaban el derecho a la intimidad, por lo que su exclusión “carece de sustento”. De manera enfática, la magistrada concluyó que, desde su óptica, “la única decisión posible era confirmar la condena”.
“Nos vamos a Casación”: Miguel Ángel del Río
Inmediatamente después de conocerse el fallo, las reacciones en el ámbito jurídico anunciaron que el proceso judicial está lejos de terminar.
El abogado Miguel Ángel del Río, representante de las víctimas, aseguró que presentará un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia: “Nos vamos a Casación. Esta batalla no ha terminado”. La casación es un mecanismo para revisar decisiones judiciales cuando se considera que hubo una interpretación errónea o violación de normas sustanciales.
“así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”: Petro
La reacción más airada provino del jefe de Estado, Gustavo Petro, quien cuestionó duramente el fallo, asegurando que “repite la historia” y “contradice a la Corte Suprema de Justicia”.
El presidente Petro vinculó la decisión a un intento de encubrimiento histórico, afirmando que al desestimar la interceptación judicial —donde, según él, “aparece la voz de Uribe hablando de sobornos”—, “así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia” (ver video). El mandatario también relacionó el caso con una coyuntura internacional que, a su juicio, busca promover sanciones en su contra.
Finalmente, Petro convocó a una movilización ciudadana para el próximo viernes 31 de octubre en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con el objetivo de iniciar la recolección de firmas para impulsar el llamado “poder constituyente”.
Mientras Uribe goza de su libertad de acción, el senador Ariel Ávila, aunque reconoció la independencia de la justicia, recordó que al expresidente le quedan procesos pendientes relacionados con el paramilitarismo, lo que augura que su protagonismo político de cara a 2026 continuará siendo el eje central de la discusión nacional.
