La Jurisdicción Especial para la Paz sacudió al país con una revelación: el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, ya no es de 6.402, sino de 7.837 víctimas. Una cifra que, de acuerdo con la misma JEP, podría seguir creciendo.
El magistrado Alejandro Rameli, presidente de la JEP, fue quien confirmó esta actualización en el marco del Caso 03 durante una rueda de prensa de la Sala de Reconocimiento de Verdad. Según explicó, el incremento responde al resultado de un proceso técnico riguroso que amplió los horizontes de la investigación en tiempo, fuentes y territorios.
Por qué la cifra aumentó
Tres factores explican el salto de más de 1.400 víctimas adicionales respecto al dato anterior.
El primero tiene que ver con el tiempo. Las investigaciones iniciales se concentraban principalmente en el periodo comprendido entre 2002 y 2008, años en que el fenómeno tuvo mayor visibilidad pública. Sin embargo, la Unidad de Análisis de la JEP, extendió el rango de estudio desde 1990 hasta 2016, abarcando más de dos décadas de conflicto y dejando al descubierto miles de casos que permanecían fuera de los registros principales.
El segundo factor fue metodológico. El tribunal incorporó bases de datos de la Procuraduría General de la Nación que no habían sido consideradas en el conteo original, enriqueciendo el cruce de información con registros del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía General y distintos informes de víctimas.
El tercer y quizás más significativo elemento fue la voz de los propios afectados. Cerca de 1.000 informes presentados directamente por organizaciones de víctimas permitieron que casos que permanecían en la sombra judicial salieran finalmente a la luz. Solo del departamento de Antioquia, donde el Caso 03 documenta hechos con especial detalle, se registraron 1.932 casos de muertes ilegítimas entre 1990 y 2016, con 1.435 víctimas adicionales identificadas en esta actualización.
Coordinación entre el Ejército y grupos paramilitares
El informe reveló elementos que apuntan a una responsabilidad institucional estructural. Las versiones de comparecientes permitieron determinar que existió coordinación directa entre unidades del Ejército Nacional (la Décimo Séptima Brigada y el Batallón Vélez) y grupos paramilitares en la región de Urabá y Apartadó durante los años 2004 y 2005.
Según la JEP, esto no fue un fenómeno aislado, sino la expresión de una política de facto que articulaba a las fuerzas públicas y las estructuras paramilitares en la comisión de crímenes contra civiles.
Altos mandos militares imputados
Uno de los aspectos más relevantes del avance investigativo es la determinación de responsabilidades en los niveles más altos de la cadena de mando. Hasta la fecha, 21 generales de la República han sido imputados dentro de este caso. De ellos, siete ya han reconocido su responsabilidad ante la justicia transicional.
La JEP se encuentra actualmente en una fase nacional que apunta a establecer la culpabilidad de quienes estaban por encima del nivel de las brigadas: comandantes de división que tenían bajo su mando entre 15.000 y 20.000 efectivos. Alrededor de siete de estos comandantes ya han sido llamados a responder.
Una cifra que aún no cierra
La JEP fue enfática en señalar que el número de 7.837 víctimas no es definitiva. Los datos actuales provienen exclusivamente de la Sala de Reconocimiento de Verdad en el marco del Caso 03, pero aún falta integrar la información que está recopilando la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas mediante audiencias territoriales con comparecientes que no son considerados máximos responsables.
Muchos de esos militares están confesando ejecuciones y desapariciones que nunca llegaron a ser investigadas por la justicia ordinaria, lo que hace probable que la cifra definitiva sea aún mayor.
