La Mesa Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas del Magdalena ha emitido un comunicado denunciando lo que califican como un incumplimiento sistemático por parte de la Gobernación del Magdalena. En un ejercicio de autonomía, el máximo espacio de representación de esta población en el departamento rechazó la falta de garantías presupuestales que hoy paraliza su gestión.
Según el comunicado, la Gobernación adeuda en su totalidad los recursos de transporte, alimentación, alojamiento y compensatorios correspondientes a múltiples sesiones realizadas en 2026, incluyendo el Comité Ejecutivo, el Comité de Justicia Transicional, los Subcomités de Participación y el Plenario de la Mesa, dejando a sus integrantes en una situación de “vulnerabilidad absoluta”.
“Política de menosprecio y desidia”
La Mesa subraya que la situación no es nueva. El comunicado traza una línea de continuidad que abarca las administraciones de Carlos Caicedo (2020 – 2023) y Rafael Martínez (2024 – 2025), hasta la actual gobernadora Margarita Guerra, calificando la conducta como una “política de menosprecio y desidia” hacia las víctimas del departamento.
El antecedente más reciente se sitúa en diciembre de 2025, cuando los integrantes de la Mesa se vieron obligados a realizar un plantón en la Casa de la Paz tras acumular más de cuatro meses sin recibir sus garantías. A este historial se suma la negativa recurrente de la Gobernadora y de los secretarios departamentales a participar directamente en los espacios de la Mesa, enviando en su lugar funcionarios subalternos sin poder de decisión y en muchos casos sin formación técnica en política pública de víctimas.
Violación al marco legal y revictimización
La Mesa advierte que estas omisiones constituyen una vulneración flagrante de la arquitectura jurídica del país, citando específicamente:
- Ley 2421 de 2024: refuerza el carácter obligatorio de la participación efectiva y exige garantizar los medios presupuestales y logísticos necesarios. La no ejecución del presupuesto aprobado constituye, según la Mesa, una barrera administrativa que anula el derecho a la participación.
- Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras): en sus artículos 192 y 193 obliga al Estado a garantizar la participación de las víctimas en el diseño e implementación de la política de reparación integral.
- Protocolo de Participación Efectiva (Resolución 01668 de 2020): establece que las entidades territoriales deben garantizar de manera previa y oportuna los recursos para el desplazamiento y permanencia de los delegados en cada sesión.
Exigencias inmediatas
Ante la crisis, la Mesa Departamental ha planteado tres exigencias:
- Pago inmediato de todas las garantías adeudadas correspondientes a 2026 y los saldos pendientes de vigencias anteriores.
- Diálogo directo con la gobernadora Margarita Guerra, rechazando cualquier interlocución con funcionarios sin capacidad de decisión.
- Intervención formal de los organismos de control por la presunta omisión de deberes legales establecidos en la Ley 2421 de 2024 y la Ley 1448 de 2011.
La Mesa advierte que dicha situación no representa un simple error administrativo, sino una limitación real a la capacidad de incidencia de los delegados sobre las políticas que afectan a más de 500.000 víctimas registradas en el departamento del Magdalena.
